Los golpes de Estado son producto de complicidades que desprecian a las instituciones, no de movimientos sociales que exigen la rendición de cuentas de gobernantes por los propios canales institucionales.
Nicolás Maduro acusa a la oposición interna democrática de “golpista”, cuando es él y su coalición política quienes en realidad lo son por alterar a conveniencia el sistema constitucional, polarizar el ánimo social e imponer una deficiente política económica que ha generado desabasto de bienes esenciales y una crisis económica nunca antes vista. Todo ello con el único objetivo de afianzarse a posiciones de poder por métodos autoritarios, bajo la fachada de una supuesta Revolución Bolivariana.
Hoy Venezuela vive en situación crítica y la clase gobernante rechaza de manera sistemática el cauce democrático para dar solución al conflicto interno. En las elecciones parlamentarias de diciembre pasado, los venezolanos se inclinaron en mayoría por darse una representación mayoritaria de oposición. Desde entonces, bajo cualquier pretexto, Nicolás Maduro ha venido gobernando por fuera del equilibrio de poderes, con base en decretos y situaciones de excepción.
La oposición ha echado mano de los mecanismos legales para poner a consideración de la sociedad venezolana la permanencia de Nicolás Maduro como Presidente. En la última edición del enfrentamiento entre la clase gobernante y el movimiento opositor, la Mesa de la Unidad Democrática convocó hace unos días a la “Toma de Caracas”. Una manifestación pacífica que a pesar del sabotaje del gobierno, consiguió movilizar en las principales avenidas de la capital de ese país a más de un millón cien mil venezolanos, los cuales exigieron a Maduro la definición de fecha del proceso revocatorio, liberación de presos políticos y el establecimiento de canales humanitarios por la escasez de alimentos y medicinas.
Resulta paradójico que un régimen comprometido con la “radicalización de la democracia participativa” y con “acelerar el proceso de restitución del poder al pueblo” —de acuerdo con el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019— ante un movimiento popular de tal magnitud que exige no el derrocamiento de un Presidente, sino de un referéndum que defina su continuidad como jefe de Gobierno, reciba tal nivel de agresividad y difamación desde el poder público.
Por lo visto, Nicolás Maduro tiene serias dudas del alcance de su respaldo social. Tras el éxito opositor en la convocatoria y realización de la “Toma de Caracas”, en la inercia de la política hecha por decreto presidencial, el sucesor de Hugo Chávez amenazó con eliminar la inmunidad de todos los cargos públicos, en referencia directa a las autoridades de elección que han venido apoyando el proceso revocatorio. “Estoy dispuesto a todo”, dijo el mandatario venezolano mientras, a la par, la Milicia Nacional Bolivariana dejaba mostrar su fuerza en la capital y otras zonas estratégicas con ejercicios de tiro y orden público, para demostrar su “amor por la patria”.
El descrédito internacional a la política autoritaria está a la vista. Hoy la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) han expresado cuestionamientos y puesto en duda muchas de las decisiones asumidas por el régimen de Nicolás Maduro, que se traducen en falta de seguridad e incertidumbre. Venezuela enfrenta días difíciles y está en sus ciudadanos retomar el camino de la prosperidad democrática. Sin embargo, para los países de la región, éste es un claro ejemplo de los riesgos de los liderazgos políticos que gustan de actitudes golpistas y de mandar al diablo a las instituciones. Por el bien de nuestros países, esperamos que el caso de Maduro sea uno en extinción.
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