En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han denunciado un total de 22,397 casos de delitos cometidos por servidores públicos en México. Esta cifra, revelada en el informe de abril de 2026 por la consultora TResearch con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pone bajo la lupa el comportamiento de quienes desempeñan cargos dentro del aparato estatal.
El fenómeno presenta un incremento reciente que enciende las alarmas en el ámbito político. Tan solo en febrero de 2026, se registraron 1,507 denuncias, lo que representa un aumento del 5% en comparación con las 1,437 quejas recibidas en el mismo mes del año anterior. Si se analiza el acumulado del primer bimestre de 2026, el registro ya suma 2,934 casos a nivel nacional.
La distribución de estas presuntas faltas no es uniforme en todo el país, ya que tres entidades concentran más de la mitad de la problemática. La Ciudad de México encabeza la lista con 5,054 denuncias, seguida por el Estado de México con 4,397 y Nuevo León con 2,060 casos registrados. Estas tres demarcaciones juntas agrupan el 51% de todos los incidentes reportados en el actual periodo gubernamental.
Al ajustar los datos por la densidad poblacional, el escenario arroja otros focos rojos para la transparencia y el servicio público. La capital del país se mantiene en el primer puesto con una tasa de 549 denuncias por cada millón de habitantes. Le siguen muy de cerca Baja California Sur con 545 y Quintana Roo con 388 menciones por la misma cantidad de pobladores.
La tendencia histórica delictiva de los funcionarios ha mostrado fluctuaciones notables en la última década. Mientras que en 2015 se contabilizaban 11,821 casos anuales, la cifra escaló hasta los 21,883 registros en el año 2020. Tras algunos descensos en años posteriores, la estadística volvió a subir en 2025 alcanzando las 19,463 denuncias, lo que marca un desafío persistente para las instituciones de justicia y control interno.
Para los ciudadanos interesados en la vida política del país, estas cifras son un termómetro de la integridad institucional. En un contexto donde la rendición de cuentas es una demanda central, el aumento en las denuncias contra servidores públicos en el arranque de este año sugiere una vigilancia social más activa o, por el contrario, un síntoma de debilidad en los mecanismos de prevención de la corrupción y el abuso de autoridad en las principales ciudades del país.
