La Procuradora Fiscal, Gisel Galeano soltó la cifra: el fraude fiscal por contrabando de combustible asciende a 600 mil millones de pesos.
La gravedad del delito no solo está en lo elevado del monto sino en el silencio impune y tolerante de la Presidenta de México.
Claudia Sheinbaum no dedicó una sola línea –en el Zócalo– a censurar el atraco más grande a la nación. No hubo un solo intento de deslindar a su gobierno de la red político delincuencial que tejió su antecesor para traficar hidrocarburos.
La Presidenta tenía prisa, le urgía subirse al templete para jurar su amor eterno a López Obrador. “Nos quieren separar, pero no lo vamos a permitir”. Era como si quisiera arrodillarse ante el todo poderoso para evitar perderlo.
Sheinbaum convirtió la conmemoración de su primer año de gobierno en un tribunal para exonerar de toda culpa a su padre político y tratar de salvarlo: “Andrés Manuel López Obrador es y será siempre un ejemplo de honradez y de austeridad”.
La mandataria decidió poner clavos a su ataúd político. Utilizó la Plaza de la Constitución para decirle a Washington: “Hagan lo que quieran, pero mi gobierno garantiza que López Obrador y su red de intereses criminales sigan intocables”.
El respaldo ilimitado al tabasqueño y a sus cómplices se da a menos de nueve meses de que Estados Unidos acepte o no firmar la renovación del T-MEC. Los mensajes y señales de la Casa Blanca a Palacio Nacional son cada vez más claros y frecuentes.
Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, lo dijo de esta manera: El gobierno de Estados Unidos no está dispuesto a renegociar el T-MEC si México no cumple en energía, telecomunicaciones, agricultura, pero también podemos agregar: en seguridad.
Carlos Díaz Rosillo, ex director de Políticas Públicas de la Casa Blanca en el primer gobierno de Trump lo señaló con toda claridad: Estados Unidos no atacará a los carteles –en territorio– si México hace lo necesario.
Después de haber jurado obediencia ciega al líder de un entramado creado desde el Estado para defraudar al Estado, luego de haber ofrendado fidelidad absoluta a la cabeza de una cadena delictiva donde lo mismo hay gobernadores que un ex Secretario de Marina, directores de aduanas, funcionarios de Hacienda y los “juniors de la 4T” es difícil, por no decir imposible, que la Presidenta “haga lo necesario” para combatir al cártel mayor.
Tan no lo hará que la reforma a la Ley de Aduanas que se discute en el Congreso está hecha para dejar impunes a los encargados de proteger el tráfico de combustible, a los directores aduaneros, compadres, amigos, socios y cómplices del clan que conforma el obradorato.
Es decir, la orden expresa que Palenque le dio a Palacio Nacional es garantizar que el huachicol siga siendo el negocio que sostenga al régimen. De otra forma no habrá recursos para que la cleptocracia morenista –el “dominio de los ladrones”– siga financiando elecciones para mantenerse en el poder.
Desde el Templo Mayor, Sheinbaum se hincó ante el gran Tlatoani para calmar su furia, le garantizó no solo impunidad sino mantener su poderío huachicolero, aunque esto signifique seguir desgarrando el corazón de la nación.
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