Tenemos un giro irónico en el caso de María Elena Álvarez-Buylla, exdirectora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt, antes Conacyt). Bajo el manto de la «austeridad republicana» de la Cuarta Transformación (4T), Álvarez-Buylla se erigió como fiscal de la corrupción científica, acusando a investigadores de desviar fondos públicos sin pruebas sólidas. Hoy, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la señala por presuntos daños al erario por 57 millones de pesos, evocando un clásico de justicia poética: el acusador convertido en acusado.
La trayectoria de Álvarez-Buylla en Conahcyt (2018-2024) estuvo marcada por tensiones con la comunidad científica. En septiembre de 2021, su administración presentó denuncias contra 31 científicos por supuesta corrupción en el uso de fideicomisos, alegando malversación en proyectos de investigación. Estas imputaciones, que incluyeron a figuras destacadas como Julia Tagüeña y José Luis Fuentes, fueron desestimadas por un juez federal en 2022 por falta de elementos probatorios, catalogadas como «persecución política» por la oposición y académicos. La propia Álvarez-Buylla se distanció públicamente: «No sé de qué me hablas», declaró ante la prensa, atribuyendo las querellas a «saboteadores» del cambio. Este episodio erosionó la confianza en la institución, precarizando becas y despidiendo a cientos de investigadores, lo que generó protestas masivas y una caída en la producción científica mexicana, según informes de la UNESCO.
El contrapunto llegó el 6 de octubre de 2025, cuando la ASF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en la gestión de Álvarez-Buylla. Los cargos involucran la extinción de fideicomisos dedicados a la ciencia —una medida impulsada por el entonces presidente López Obrador para «combatir la corrupción»—, que supuestamente derivó en contratos millonarios a empresas sin cumplimiento. Se detectaron sobreprecios en servicios de consultoría y auditoría por 57.4 millones de pesos, con pagos anticipados a firmas que no rindieron cuentas. La ASF, en su revisión de cuentas públicas de 2021-2023, identificó que estos fondos, destinados a innovación, se desviaron hacia gastos no justificados, incluyendo posibles nepotismos.
Esta acusación resuena como karma en el ecosistema político de Morena. Mientras Álvarez-Buylla defiende su legado en redes sociales —»Las irregularidades fueron identificadas por el Órgano Interno de Control, pero se refieren a un contrato puntual»—, su hija Jimena García Álvarez-Buylla publica en Instagram sobre un lujoso estudio de arte en Tlalpan, con vistas a jardines y obras costosas, contrastando el discurso de austeridad. Críticos como Ricardo Raphael en Milenio lo llaman «justicia poética»: la cazadora de corruptos ahora enfrenta el escrutinio que ella promovió.
Políticamente, el caso expone fisuras en la 4T bajo Sheinbaum. Conahcyt, relegado a un rol secundario en el nuevo gabinete, simboliza el fracaso de políticas que priorizaron control ideológico sobre excelencia académica. Si la FGR avanza, podría implicar a exfuncionarios cercanos a AMLO, fracturando la narrativa anticorrupción. Encuestas de Parametría (octubre 2025) muestran que el 62% de científicos rechaza la gestión de Álvarez-Buylla, demandando restauración de fideicomisos.
En conclusión, este escándalo no es solo personal: cuestiona la coherencia de un gobierno que prometió erradicar la corrupción, pero acumula expedientes selectivos. ¿Verá México verdadera accountability, o será otro capítulo de impunidad? El veredicto de la FGR, esperado para 2026, definirá si el karma es solo retórica o justicia real.
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