La Fiscalía General de la República (FGR) avanza con celeridad en el caso de Chihuahua al citar a cerca de 50 funcionarios estatales por un operativo en la Sierra del Pinal donde participaron presuntos agentes extranjeros. En cambio, la solicitud de Estados Unidos para la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve coacusados por presuntos vínculos con el narcotráfico genera una aparente calma institucional que revive dudas sobre la aplicación uniforme de la ley.
En Chihuahua, la FGR investiga posibles violaciones a la seguridad nacional derivadas de la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en acciones contra un narcolaboratorio. El vocero Ulises Lara López informó que se citan a declarar a los involucrados y se verifican acreditaciones de los extranjeros. Esta diligencia refleja un esfuerzo por esclarecer hechos y establecer responsabilidades, aunque críticos señalan que podría usarse para limitar cooperaciones internacionales en materia de seguridad. Defensores argumentan que protege la soberanía frente a intervenciones externas.
El contraste con Sinaloa es notable. Estados Unidos acusa a Rocha Moya y otros funcionarios de colaborar con facciones del Cártel de Sinaloa, facilitando el trasiego de drogas a cambio de sobornos y apoyo político. La FGR recibió la solicitud de detención provisional pero exige pruebas y documentos adicionales, argumentando falta de fundamentos suficientes para una medida cautelar que restringe derechos. Rocha Moya solicitó licencia, niega las imputaciones y califica las acusaciones como un ataque a la soberanía. Mientras tanto, persiste la inactividad visible en comparación con el dinamismo en Chihuahua.
Este patrón evoca el caso del general Salvador Cienfuegos. Arrestado en Estados Unidos por narcotráfico, fue entregado a México, donde la FGR lo exoneró rápidamente, generando tensiones bilaterales y percepciones de impunidad para altos mandos. En ambos escenarios —Sinaloa y Cienfuegos— surgen cuestionamientos sobre si la proximidad política o la sensibilidad institucional influyen en el ritmo de las investigaciones. Algunos analistas ven consistencia en la defensa de la soberanía; otros, selectividad que erosiona la credibilidad de las instituciones.
Desde una postura, la prudencia de la FGR en el caso Sinaloa garantiza debido proceso y evita extradiciones basadas en evidencia insuficiente. Desde otra, la disparidad sugiere que la responsabilidad penal depende del contexto político o del origen de la acusación. Esta percepción alimenta el debate sobre la autonomía real de la fiscalía y la lucha contra la corrupción en niveles elevados.
La sociedad mexicana observa con atención cómo se resuelven estos expedientes. La aplicación pareja de la ley resulta esencial para fortalecer la confianza institucional. La diferencia en los tiempos y la energía invertida en Chihuahua versus Sinaloa invita a reflexionar sobre los criterios que guían las prioridades de la justicia federal. Sin transparencia plena y resultados concretos, persiste el riesgo de que prevalezca la narrativa de impunidad selectiva, independientemente de los méritos de cada caso.
