Congresos estatales

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A la memoria de Teté Ferrer Rodríguez.

 

El valor, el espíritu, la esencia de la Cámara de los Comunes es ser la imagen exacta de los sentimientos de la nación.
Edmund Burke

El ejercicio del poder público se divide en un intento por evitar su abuso. Desde épocas ancestrales se buscó integrar consejos de los más sabios y más prudentes para asesorar y, de alguna manera, frenar al gobernante en turno. El griego Licurgo y los romanos Plotino y Cicerón son claros precursores del control del poder.

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En nuestras entidades federativas no hay división de poderes, quizá la falla más grave de nuestra frustrada transición a la democracia. La mayoría de los gobernadores controlan los poderes Judicial y Legislativo, así como los nuevos organismos autónomos, sean de acceso a la información pública, electorales o de protección a los derechos humanos. Las enormes arbitrariedades cometidas por los gobernantes sólo se explican porque los congresos locales no funcionan como contrapeso y mecanismo de vigilancia. Los partidos han utilizado a las cámaras de diputados para ubicar a sus allegados, sin considerar el perfil del profesional parlamentario. En escasas ocasiones nuestro Poder Legislativo ha tenido parlamentarios dispuestos a asumir su deber para perfeccionar las políticas públicas, para denunciar delitos, para aplicar la Constitución, para llevar a juicio político y declaración de procedencia a quienes han violado la ley. Es notable el contraste del malestar ciudadano con legisladores resignados e inoperantes.

Algo está fijo en la conciencia de los mexicanos y lo reflejan distintos medios: las leyes se han hecho para castigar a los pobres y a los indefensos. ¿Cómo es posible que se desafuere a una diputada local por falsificar una credencial de elector y esté en libertad Humberto Moreira, quien falsificó documentos para hipotecar Coahuila por varias generaciones? Con actitudes como ésta, en lugar de vigorizar nuestro endeble Estado de derecho, más se deteriora la cultura de la legalidad, que parte del principio básico de que la ley se aplica sin excepción alguna.

Es escandalosa la deuda de estados y municipios (aproximadamente 500 mil millones de pesos más la deuda oculta). Ahora se debate una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para conceder atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para supervisar empréstitos estatales en los que se den como garantía participaciones federales. Los ingresos de los estados dependen, en promedio, 90% de esa fuente y, dado el pésimo comportamiento de los congresos locales para aprobar cuentas públicas, esa atribución se centraliza ahora. En el afán de corregir una falla, se atenta contra el federalismo.

Las asambleas parlamentarias son cajas de resonancia, son el recinto donde se reúnen los adversarios para llegar a acuerdos. En ellas deben debatirse y confrontarse ideas que permitan orientar la vida política; deben realizar la función pedagógica de la política para enseñar y practicar la democracia; deben investigar hechos y darle racionalidad al ejercicio del poder. Son instituciones complejas y difíciles, para que lleguen a su plena madurez se requiere un contínuo ejercicio para ir haciendo hábito y costumbre la observancia de las leyes.

Son escasos los ejemplos de congresos locales que han asumido plenamente su deber. La ciudadanía está buscando orientación en otras fuentes, a veces no muy acreditadas. Urge mejorar el trabajo legislativo. Sin menospreciar la función de hacer leyes, es mucho más importante la función de control y de vigilancia. Debemos enaltecer nuestra cultura política, sin ella, nuestra democracia siempre será embrionaria.


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