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Conferencia de prensa del Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, acompañado por los coordinadores en el Senado, Fernando Herrera; en Diputados, Marko Cortés, así como diversos legisladores, para presentar la Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública, en la sala de conferencias “Carlos Septién García” de la sede nacional.
Buenos días, daremos tres mensajes y después abriremos a preguntas y respuestas sobre este tema y sugeriría, si las parece, una vez que hayamos despedido a todas nuestras invitadas e invitados nos quedaríamos a atender los temas específicos del partido con ustedes.
Empezaremos con el tema de nuestra iniciativa de Reforma constitucional en materia de seguridad pública.
El país, hoy México vive un deterioro muy importante de sus instituciones, producto de los niveles terribles de corrupción e impunidad. Esto es especialmente grave en el ámbito de la seguridad, donde la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia afecta de manera muy sensible y directa a los mexicanos en su calidad de vida.
Las manifestaciones más recientes de este deterioro son objeto de burla y motivo de preocupación en el ámbito internacional. Burla por la nueva fuga de “El Chapo Guzmán”; y profunda preocupación por la desaparición, hace ya más de un año, de 43 jóvenes normalistas y el surgimiento de las autodefensas, por citar sólo dos casos graves.
Según la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, más del 70% de los mexicanos considera a la inseguridad y la delincuencia como el principal problema del país.
Y según el Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, el 90% de los mexicanos, casi todos, perciben corrupción en la policía.
El último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que el número de homicidios dolosos se incrementó, pues mientras entre enero y julio de 2014 hubo 10 mil 369 crímenes de este tipo, en el mismo periodo pero de 2015, fueron 10 mil 607, es decir, un incremento del 2.2 por ciento.
En el mismo sentido, la Asociación Alto Al Secuestro dio cuenta del repunte del delito del secuestro, pues respecto al mes de mayo de este año, en junio se registró un incremento de 28%, siendo este mes su más reciente corte.
Frente a estos datos, el Partido Acción Nacional asume una postura clara. Si bien el gobierno federal ya propuso una iniciativa en materia de reforma para la Seguridad Pública, ésta nos parece absolutamente insuficiente, y en algunos aspectos peligrosa, por cuanto conlleva un riesgo de acumulación de atribuciones en un sólo orden de gobierno, que podría derivar en posturas y acciones autoritarias.
Al mismo tiempo, hay evidencia de que unificar la policía en instituciones estatales, mediante la eliminación tajante de todas las municipales, como propone la iniciativa del Ejecutivo, puede potenciar el riesgo de daño en el caso de una corporación infiltrada, corrupta o poco capacitada.
Sin embargo, en Acción Nacional ciertamente somos conscientes de que las instituciones de seguridad en los tres órdenes de gobierno tienen hoy un desarrollo asimétrico y que en muchas ocasiones éstas son parte del problema, estas asimetrías, y que las propias corporaciones en muchos de los casos son parte del problema y no de la solución; particularmente por la falta de capacidades y por la corrupción de algunas policías municipales han causado el agravamiento de las condiciones de seguridad en algunas regiones del país.
Nosotros no proponemos que desaparezcan todas las policías municipales, si no que se transformen en buenas y confiables corporaciones.
Por eso, nos dimos a la tarea de construir una propuesta alternativa, flexible y basada en capacidades, que reconoce las diferentes realidades que se viven en la diversidad de un país como el nuestro.
Proponemos una auténtica reingeniería a todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con la reingeniería del Sistema Nacional de Seguridad Pública que propone el Partido Acción Nacional, se crean, entre otras, dos instituciones clave:
1.- El Instituto Nacional de Seguridad Pública, que será el órgano regulador de la materia de seguridad pública y diseñará los mecanismos de intervención, sustitución y colaboración.
Estamos en contra de la eliminación de las policías, pero a favor de regular la intervención oportuna de las policías estatales y federal, cuando fallen las policías municipales.
2.- El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que se encargará de profesionalizar los servicios periciales en todo el país.
Otras propuestas contenidas en nuestra iniciativa son: A) El Servicio Nacional de Carrera Policial, el cual establecerá la reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento, y muy importante, certificación de personal de instituciones de seguridad pública.
La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios, cada uno en el ámbito de sus respetivas atribuciones.
Y segundo, la iniciativa Incorpora mecanismos de control externo y rendición de cuentas que acompañen la correcta implementación de las policías en materia de seguridad, para que éstas no sean letra muerta, y supervisen a las instituciones de seguridad en el ejercicio de sus atribuciones.
De esta forma, el PAN busca dar pasos importantes en la profesionalización de la policía y del sistema penitenciario, para combatir la profunda crisis de seguridad en la que se encuentra nuestro país.
Los mexicanos merecen vivir tranquilos y recuperar la confianza de que las autoridades velan por su seguridad.
El Estado tiene la obligación primordial de mantener la paz y el orden, para que los ciudadanos desarrollen sus actividades cotidianas y el país esté en condiciones de crecer y brindar oportunidades a todos.
Pondremos esta iniciativa de reforma constitucional a consideración del Congreso.
Confiamos en que un tema tan sensible, logrará sumar voluntades de todos los grupos parlamentarios. Se trata de hacer lo mejor para el país, y que estos cambios influyan positivamente en el día a día en la vida cotidiana de todos los mexicanos.
Le cedo la palabra al diputado Jorge Ramos para continuar con la exposición.
Jorge Ramos (JR): Muchas gracias Presidente.
Muy buenos días.
La presente propuesta tiene un alto contenido de visión municipalista. Vemos que transcurridos poco más de tres años del ejercicio del Gobierno federal en materia de seguridad pública no vemos una estrategia clara y mucho menos resultados que reflejen la claridad de una estrategia correctamente aplicada.
Y esto lo podemos ver a través de la Encuesta Nacional de Victimización que publica INEGI en el 2015, en donde más del 73% de la población señala que es la inseguridad pública el principal problema en este país.
Uno de cada tres hogares han sido tocados por actividades delincuenciales en las comunidades a lo largo y ancho de México.
Y por otra parte, el tema de la corrupción policiaca representa una pérdida anual, según los datos de INEGI, de 227 mil millones de pesos que representa el 1.27 del Producto Interno Bruto del país; es decir, no sólo afecta el desarrollo de nuestras comunidades, sino que tiene un impacto también en el desarrollo económico de nuestro país.
Vemos varios riesgos de concretar una estrategia en la que se supriman las corporaciones policiacas.
Primero porque la autoridad municipal es la responsable de tener la policía de proximidad y no únicamente para atacar la parte de la persecución del delito, sino que ejerce la policía municipal una función para respaldar actos de autoridad que los gobiernos locales no pueden dispensar.
Sólo que se quiera menoscabar la capacidad de gobierno y la capacidad de autoridad que tienen los municipios.
Me refiero al caso concreto de aplicación del bando y buen gobierno, que visto desde el escenario nacional puede parecer menor, pero quiero decirles que el embrión de la delincuencia empieza en la infracción de los bandos de policía y buen gobierno.
Empieza justamente la espiral delincuencial a partir de que las normas municipales no se observan y se hacen valer por parte de la autoridad y retirarles a las autoridades municipales los cuerpos policiales, es prácticamente retirarles el concepto de autoridad y de orden de gobierno, que hoy el artículo 115 garantiza.
Por otra parte, es muy importante resaltar que la intervención debe ser democrática y técnica para poder determinar cuándo un orden de gobierno está imposibilitado o en un estado de interdicción administrativa para poder ejercer esa función y que no esté en manos de la política, no esté en manos de los gobernadores o del propio Gobierno federal, el determinar sin elementos objetivos que puedan, por una parte determinar la incapacidad que tiene un ayuntamiento para poder brindar el servicio; y segunda, el modelo prevé el respeto total a la autonomía municipal en tanto que el propio ayuntamiento puede renunciar al ejercicio de esa facultad o de esa función para poderlo en manos de un ente mayor.
Es decir con un criterio claro de subsidiariedad, en donde un ente mayor no haga lo que le corresponde por naturaleza a un orden en este caso municipal.
Por otra parte, para nosotros es muy importante el estar supervisados por un órgano técnico de control, un órgano técnico especializado que nos permita a los ayuntamientos del país ubicarse en qué grado de desarrollo institucional se encuentra y qué pasos de certificación requiere cubrir para aspirar a ejercer a plenitud esa función y ese servicio que es fundamental de la autoridad municipal.
En este caso, nosotros estamos proponiendo que esta visión integral de seguridad pública tenga como base fundamental la actuación de los ayuntamientos y el respeto a la autonomía municipal porque entendemos que es justamente en el municipio donde debe velarse la convivencia social y ejercer el control de estado para inhibir conductas que luego generen la inseguridad que hoy estamos viviendo en México.
Como ex alcalde de Tijuana les puedo compartir que no sólo en mi estado o en mi municipio tuvimos experiencias exitosas con las prácticas de mando único, donde logramos sacar de niveles internacionales de delincuencia en nuestras ciudades, a convertirse en verdaderos modelos exitosos, donde tuvimos oportunidad de dar resultados.
Y como estos ayuntamientos hay otros en el país que no se pueden atropellar, los esfuerzos institucionales acreditados que se tienen para poder desarrollar y aspirar un modelo de país en el que estemos sustentados en los ayuntamientos.
Y también reconocemos la diversidad que hay en los 2,480 ayuntamientos, en donde varios de ellos están en la franca imposibilidad o en franca colaboración con el crimen organizado y que debe haber una intervención de estado clara para corregirlo.
En ese sentido, vamos a empujar en la Cámara de Diputados para que esta iniciativa, que presenta el Partido Acción Nacional, se pueda llevar a materializar.
Roberto Gil Zuarth (RGZ): Muy buenos días, tengan todos ustedes, muchas gracias por atender esta comparecencia.
Como ya lo ha explicado tanto el Presidente Nacional como el diputado Jorge Ramos. Hacemos una propuesta que significa una etapa en el sistema constitucional de la Seguridad Pública.
De 1983 a 2008 el Sistema pasó por dos grandes etapas, por un lado una etapa de descentralización; y por el otro, la construcción de un modelo, de un sistema para coordinar a los distintos órdenes de gobierno que interactúan en la prestación del servicio de seguridad pública.
Ese modelo ha sido insuficiente, en efecto y todas las policías del país tienen que prevenir, reaccionar e investigar los delitos, pero no todas tienen las mismas capacidades para hacerlo.
Por el otro lado, el sistema de coordinación no tienen los suficientes incentivos, las capacidades de autoridad para poder alinear a los órdenes de gobierno y generar capacidades institucionales eficaces para prestar con absoluta certeza y efectividad y con carácter técnico el servicio de la seguridad pública.
Pero no solamente eso, los objetivos están mal planteados, un ejemplo concreto puede ser el Fondo de SUBSEMUN, en ese caso, los fondos se asignan en función de la incidencia delictiva, de tal suerte que un municipio que invierte fuerte en su seguridad y disminuye los índices de violencia y disminuye los índices delictivos pierde dinero en lugar de poder mantener el rumbo de inversión.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública está integrado por los propios responsables de la seguridad pública.
Los propios gobernadores se sienten en una mesa, toman acuerdos y no tienen la capacidad de dictar recomendaciones, lineamientos, metas específicas, y sobre todo, son ellos mismos los que se evalúan a sí mismos.
Este modelo no ha funcionado y por eso estamos construyendo una tercera etapa en el Sistema Constitucional de Seguridad Pública.
Una etapa en la que, como decía el Presidente Nacional, supone la reingeniería por completo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es y será el órgano regulador, rector de la prestación del servicio de seguridad pública.
Tendrá a su cargo promover, alentar la generación de capacidades institucionales en todos los órdenes de gobierno. Tendrá a su cargo la gestión del Sistema Nacional de profesiones policiacas, el Sistema Nacional de Carrera Policial, y sobre todo, tendrá a su cargo la evaluación de las corporaciones para efectos de determinar si esas instituciones pueden prestar el servicio de seguridad pública o se requiere una intervención de un orden mayor.
La iniciativa plantea distintos métodos, mecanismos de intervención del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde la mínima a la más básica en emitir reglamentos, hasta la disolución de una corporación institucional, no corporación de policía que no cumple con los estándares de calidad previstos en la propia ley.
Este órgano será el Instituto Nacional de Seguridad Pública, es un órgano de carácter técnico, no serán los propios gobernadores los que estarán sentados en esa mesa y tomarán las decisiones, será un grupo electo por el Senado de la República, que tendrá a su cargo evaluar, revisar, generar normatividades y sobre todo decidir en qué momento una corporación de policía no puede seguir adelante con su trabajo.
El problema que tiene nuestro país es muy sencillo, tenemos muy buenas policías municipales o muy buenas policías estatales y muy malas policías estatales y muy malas policías municipales.
Hay muy buenas policías como las de Querétaro, una policía municipal; y también tenemos una muy mala en Iguala, Guerrero.
Lo que tiene que hacer el país es crear los mecanismos, los incentivos, los procedimientos para que todo el país, independientemente de donde esté un ciudadano, tenga las mismas condiciones de acceso a un servicio que es fundamental y del cual depende la tranquilidad, el desarrollo, y la prosperidad de esta nación.
Este modelo es una respuesta muy clara a una mala idea presentada por el Ejecutivo federal.
En esa mala idea se planteaba desaparecer las policías municipales y sustituirlo por policías estatales.
No hay orden de gobierno sin la capacidad coactiva, no hay orden de gobierno si no tiene la posibilidad de tener un aparato de fuerza para orden las conductas.
Nuestros país requiere policías municipales fuertes, pero sobre todo siempre vigiladas por una instancia mayor, y sobre todo, requiere que cuando no sea posible que ellos puedan prestar con regularidad el servicio, haya alguien más con mejores capacidades que lo pueda hacer por ellos y para ellos.
Por su atención, muchísimas gracias.
P.- Buenos días, quisiera saber ¿cuándo presentan la iniciativa formalmente, será la Cámara de Senadores el origen de donde se presentará y si consideran que deba de restablecerse en el esquema federal la Secretaría de Seguridad Pública federal y respeto a estos institutos, si pudieran ahondar en el sentido de que serán órganos autónomos, como puede ser por ejemplo el INE?, serán de esa característica, sobre todo para clarificar, ¿sí estarían de acuerdo en desaparecer las policías municipales que no funcionen y dejar las policías municipales que sí funcionen operando ¿verdad? Más o menos ese es el tema.
Gracias.
RGZ: La iniciativa se presentará en las próximas horas, en cuanto hayan sesiones plenarias, nos pondremos de acuerdo para decidir la cámara de origen.
Esta iniciativa está construida, elaborada, definida por el sistema PAN, fue construida desde el Comité Ejecutivo Nacional, con la participación de senadores y diputados, y en consecuencia respaldamos cada una de las letras ahí previstas como sistema.
Es una iniciativa del Partido Acción Nacional que será defendida a través de sus brazos parlamentarios.
En efecto se trata, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se trata de un órgano de relevancia constitucional que, insisto, sustituye el actual Consejo Nacional de Seguridad Pública que está integrado por los gobernadores, es un órgano de carácter técnico.
Como ya decía, emite los lineamientos, cuáles deben ser los estándares mínimos de calidad de las policías, evalúa de manera interna y externa esas policías y decide en qué momento se requieren sustituir esas policías por otro orden de gobierno.
La iniciativa plantea distintos métodos y grados de intervención, desde una visita para observaciones y recomendaciones hasta la disolución total de una corporación de policía, siempre con el respeto a la decisión de los municipios y de los estados, pero sobre todo, evaluando las capacidades y condiciones técnicas de cada institución.
También plantea la iniciativa un régimen transitorio en el cual aquellas policías municipales que no puedan prestar con regularidad el servicio de Seguridad Pública pueden entregar las llaves a un orden mayor y hacerse cargo, por ejemplo, la policía estatal.
Pero sobre todo, parte del modelo es que cada orden del gobierno pueda y tenga las posibilidades de hacer lo que pueda hacer en términos de sus propias condiciones financieras de recursos humanos.
Hoy en día todas las policías hacen lo mismo: la de Iguala se encarga de investigar delitos, aunque no tenga las capacidades para hacerlo ni la preparación para hacerlo, lo mismo una policía estatal.
Lo que tenemos que hacer es diferenciar claramente qué funciones va a realizar cada policía, en función de las capacidades reales existentes, evaluadas por un órgano externo.
P.- ¿Lo de la secretaría federal, sí regresaría?, ¿la Secretaría Federal de Seguridad Pública?
RGZ: Lo que hacemos es una distinción clara entre las condiciones operativas que les corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y otras distintas a las condiciones normativas, institucionales y de intervención.
Este planteamiento de reingeniería no se basa fundamentalmente en las capacidades operativas, sino en la generación de capacidades institucionales.
Tenemos un planteamiento claro de que la Secretaría de Seguridad Pública tiene que ser el órgano natural creado ex profeso para crear estas definiciones operativas en materia de seguridad pública.
Jorge Ramos Hernández (JRH): Precisar que en este proyecto de reforma sí estamos de acuerdo en la desaparición de cuerpos policiacos municipales y también estatales que no estén acreditados ante el órgano técnico calificador.
Pero sí precisar muy bien que la evaluación para determinar la interdicción, por decirlo de alguna manera, de algún municipio o de algún estado, depende de evaluaciones objetivas, que ramo por ramo de servicio de la seguridad pública se pueden evaluar objetivamente y se pueda hacer el planteamiento formal para que desaparezcan.
Es un hecho que así como existen buenas corporaciones policiacas y modelos de coordinación exitosos en algunos estados de la República, también es un hecho de que el contubernio que hay entre el crimen organizado y las autoridades municipales es una realidad en este país.
Por eso es importante que este órgano técnico determine el nivel de infiltración, el nivel de daño y el nivel de deterioro que tiene la institución municipal para llegar a esa definición extrema, pero siempre con el carácter de temporalidad.
Es decir, el ayuntamiento perderá el ejercicio de la función, más nunca la facultad, por esa está consagrada en el artículo 115 de la Constitución.
P.- Buenas tardes.
Me gustaría preguntar sobre si consideran, en síntesis, que esta iniciativa lo que busca es quitarle a la Secretaría de Gobernación, a los gobernadores mismos, parte del control que tienen ahorita en materia de seguridad, quitarles este asunto político que ya mencionaban de decir en qué momento se quita una policía municipal o no, o quiénes podrían intervenir.
Me gustaría que se precisara un poquito más sobre si se le quitan atribuciones a la Secretaría de Gobernación.
Segundo, me queda una inquietud respecto al dinero, el rubro del presupuesto para seguridad es uno de los que aumenta año con año y es uno de los que aumenta significativamente, incluso para el 2016 también se prevé que va a aumentar.
Cómo se puede hacer para eficientar realmente los recursos que se están otorgando y que no se quede como hasta ahorita en comprar patrullas que en dos o tres años dejan de funcionar o comprar bicicletas de patrullas que nunca funcionan.
O sea, cómo se puede eficientar el presupuesto.
Gracias.
RGZ: El problema actual es que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy vigente, no tiene mecanismos de intervención, por eso vimos el caso de Michoacán en el que se tuvo que mandar un comisionado especial para que hiciera trabajos políticos o de colaboración, de la federación en esta entidad federativa.
El problema es que hoy no existen mecanismos de intervención de la federación en los estados hacia los municipios cuando se requiere por alguna crisis o por debilidad institucional crónica.
Lo que estamos inventando son esos mecanismos, hoy no los tiene la Secretaría de Gobernación, no los tiene nadie, son mecanismos consensuales, son decisiones discrecionales, políticas del Presidente de la República o bien del Secretario de Gobernación cuando se trata de colaboración institucional, como hemos visto en los casos recientes de Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Juárez, Tijuana o Monterrey. Si ustedes revisan cada intervención ha sido diferente, ha tenido anatomías diferentes.
Lo que estamos haciendo es regularizando la intervención de los órdenes superiores sobre los órdenes inferiores, creando mecanismos y procedimientos específicos para que esta intervención sea regular, sea evaluable, tenga metas específicas y se sustituya a un orden de gobierno menor temporalmente para poder resolver la crisis o generar capacidad institucional.
Hoy en día nadie tiene esas autoridades, por eso hemos visto intervenciones absolutamente discrecionales y en algunos casos poco eficaces para resolver de fondo la problemática.
Con respecto a la asignación de recursos públicos, es una de las básicas definiciones de esta iniciativa.
Ahora los fondos federales, toda la inversión federal en materia de seguridad, se va a gestionar directamente desde el Instituto Nacional de Seguridad Pública con el propósito de que no sea discrecional la inversión y no se dedique o se destinen recursos a comprar patrullas, sino a generar buenas competencias institucionales de todas las corporaciones.
Le damos objetividad a la aplicación de la inversión federal a través de un órgano técnico que no responda criterios políticos, ni mucho menos a las negociaciones políticas que se hacen habitualmente entre órdenes de gobierno.
El Instituto Nacional de Seguridad Pública asignará los recursos en función de las necesidades concretas, pero también sobre la base de los resultados que presente cada corporación policiaca.
P.- ¿No se corre el riesgo de burocratizar la seguridad a partir de crear mayores instancias que tengan que intervenir para poder tener alguna acción concreta en alguno de los estados?
Lo pregunto, por ejemplo, en el caso específico de Ayotzinapa, que la cadena de mando no fue clara y tampoco fue vinculatoria, precisamente porque había bastantes etapas u órdenes en materia de seguridad.
Preguntar si la creación de una nueva institución no burocratiza este proceso.
También preguntarles, en torno a cómo se va a garantizar la imparcialidad de quienes van a participar en este instituto, si se hará una composición ciudadana, quiénes lo determinan, finalmente hasta ahora los nombramientos que hacen las cámaras también van politizados.
Entonces, preguntar cuál sería el mecanismo para evitar que esto también sea politizado de alguna manera.
Y una pregunta un poco al respecto, quizá al margen del tema.
Preguntarles, hubo una declaración de uno de los detenidos en torno al caso de Iguala que vincula al empresario Carlos Ahumada con alguno de los Guerreros Unidos, quisiera su opinión al respecto.
RGZ: Sobre si se burocratiza o no el Sistema Nacional de Seguridad Pública, nuestra tesis es que no, al contrario.
Vamos a desaparecer siete órganos que existen actualmente en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el Consejo Nacional hasta las comisiones de seguridad pública estatales y municipales.
Al menos siete grandes órganos que hoy interactúan en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se sustituye por uno; en consecuencia la pluralidad actual de órganos y el desorden que produce una interacción entre muchos órganos se va a sustituir por un órgano técnico integrado por siete consejeros con lo cual resolvemos y abaratamos el costo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sustituyendo una estructura muy pesada, anquilosada, profundamente burocrática por un solo órgano que tendrá que resolver y tomar decisiones con mucha agilidad.
JRH: La integración del consejo pretende tener total desvinculación de lo que tiene que ver con tareas de seguridad pública, previos a la elección de estos consejeros.
Estamos hablando de alrededor de cinco años previos a esta designación o a esta elección que pueda alguno de sus integrantes.
También el perfil técnico que requiere tener para poder realmente tomar decisiones con la claridad y con la especialización a la que estamos aspirando se transforme el nuevo sistema.
Y, por otra parte, que sea rotativa la Presidencia de este consejo en un periodo de tres años a tres años y medio para que se pueda ir materializando los planes y programas de este órgano.
Y, sí, estamos proponiendo crear un órgano de Estado, constitucional, autónomo, sin intervención del Poder Ejecutivo para que pueda este órgano de consejeros ciudadanos poder tomar las grandes definiciones de las políticas públicas en materia de seguridad.
Y abundaría en el tema del Presupuesto para la seguridad pública.
El tema del recurso es fundamental porque el recurso económico genera estímulos o desestimula, según las políticas que se aplican.
Un ayuntamiento que está teniendo éxito en la aplicación de estrategias de seguridad, al próximo año empieza a ver disminuidas las participaciones federales por el nivel de recuperación que está registrando y se abandonan esfuerzos posteriores para lograr una especialización y una profesionalización.
Y en el otro extremo, se está privilegiando con mayor presupuesto a quien no es eficaz, a quien está empeorando la cosa, porque está tomándose criterios de que está creciendo, digamos, la incidencia delictiva en las demarcaciones.
Entonces, no hay una relación virtuosa que estimule, que fomente la especialización, por el contrario, es una fórmula de distribución de recursos federales que aspiramos a que este consejo pueda tener criterios ya objetivos que vayan a fortalecer la institución de los municipios y de los estados.
P.- Dado de que se pretende sea visto como un órgano técnico, eventualmente quiénes tendrían el perfil idóneo para integrarlo; es decir, de quiénes estaríamos hablando.
Miguel Ángel Yunes (MAY): Muchas gracias.
Efectivamente, como aquí se ha señalado, como señaló el senador Gil, el diputado Ramos, se trata de sustituir varios órganos de Estado o varios órganos que existen actualmente y que en su conjunto no le dan regularidad, no le dan uniformidad a la materia de seguridad pública.
De lo que se trata es de crear una sola estructura con relevancia constitucional que sustituya al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a todos los demás órganos que de él se desprenden y que esté integrada por siete consejeros que tengan las siguientes cualidades.
Voy a dar lectura al texto de la iniciativa para no equivocarme:
Mayores de 30 años de edad, profesionistas titulados con por lo menos diez años de antigüedad, reconocido prestigio en el ámbito académico de la sociedad civil o el sector público, la pluralidad e idoneidad de profesión afines a la seguridad deberá de ser observada, es decir, personas que conozcan del tema; no deberán haber militado en un partido político durante los cinco años anteriores inmediatos a la designación, ni haber laborado previamente en una institución de seguridad, procuración de justicia o en las fuerzas armadas durante el mismo periodo. El nombramiento de los consejeros estará a cargo del Senado de la República.
La idea es que este órgano de relevancia constitucional sea el órgano superior, como ya se explicó, y que no esté sujeto a los avatares de la política, que sea una designación a cargo del Senado de la República y que con este carácter de especialista, de conocedores del tema, puedan regular de manera adecuada la función de seguridad en los tres ámbitos de gobierno.
P.- Buenas tardes.
Quería saber si esta iniciativa se podría considerar como el primer paso en un cronograma mucho más amplio, para retirar al Ejército de las actividades de seguridad pública.
RGZ: ¿Por qué las fuerzas armadas están realizando tareas de seguridad pública o seguridad interior?
Porque este país no tienen policías confiables, profesionales y eficientes. Hay más de 460 mil policías locales que les corresponde prevenir y perseguir nueve de cada diez delitos, pero ganan por debajo de seis mil pesos el 80 por ciento.
Y ese es un espacio para la corrupción, pero sobre todo es una explicación de la enorme debilidad institucional.
Por más esfuerzos de inversión que se ha hecho en materia de seguridad pública en los últimos 15 años.
La única manera de que las fuerzas armadas regresen a su tarea constitucional es que sustituyamos lo que hoy hacen, su presencia disuasiva, su presencia en la colaboración con las fuerzas civiles, en la prevención y en la persecución de los delitos, cuando sustituyamos esa presencia por policías confiables en todos los órdenes de gobierno, desde la Federación hasta el último de los municipios.
Y eso es justamente el planteamiento de fondo, esta iniciativa, desde nuestra perspectiva, pone el acento donde debe de estar, no en la discusión binaria entre desaparecer las policías municipales o dejarlas, sino en la discusión de que las policías que existen en nuestro país, en el más de los aislados de los municipios tenga las mismas capacidades institucionales que el más grandes y próspero de los municipios en el país.
Nosotros no queremos un federalismo rígido o ciego a las realidades, sino queremos un federalismo que se haga cargo de que las realidades en nuestro son absolutamente diferentes y que las inversiones, no solamente financieras, sino también las inversiones institucionales tienen que ser acordes a esa realidad que se está viviendo en esa específica comunidad.
Si un municipio de usos y costumbres no quiere tener policía, que la tarea la haga el policía estatal.
Pero si un municipio o una capital tiene las condiciones para prestar regularmente el servicio público que lo haga, siempre bajo la vigilancia, la auditoría, la evaluación, la rectoría de un órgano nacional que garantice permanentemente que el servicio se realice con toda oportunidad, regularidad y, sobre todo, con base a los criterios de ley.
Es un mecanismo, flexible, mucho más integral y, como lo decía, el diputado Yunes, en efecto, sustituimos siete órganos, incluido el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por un solo órgano que va a hacer el trabajo que hoy realizan los gobernadores, decidiendo mediante acuerdos y vigilando hacia sí mismo.
Nosotros queremos que los responsables de la seguridad pública no sean los mismos que evalúan y toman las decisiones de seguridad pública, sino que exista un órgano que instrumente, alinee, genere las políticas públicas y se encargue de aplicarlas correctamente.
P.- (Inaudible)
RGZ: Por supuesto.
No solamente es la ley sino un nuevo diseño constitucional que, como decíamos hace un momento, abra una tercera etapa en nuestro país en materia de seguridad pública.
Y esa tercera etapa debe estar centrada en generar capacidades institucionales para que todos los mexicanos se sientan en seguridad, en libertad, independientemente del lugar donde vivan.
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