La situación pareciera ideal: la presidenta Sheinbaum goza de altos niveles de aprobación, y la mayoría le aplaude los programas sociales iniciados en el sexenio anterior. ¿Pero eso bastará para mantener la legitimidad democrática en lo que resta del sexenio?
Veamos, por ejemplo, los riesgos que entraña la actual estrategia de seguridad. Focalizar los operativos sólo en Sinaloa ha llevado a desatender otras regiones. En consecuencia, aumentan delitos como la extorsión en entidades clave como CDMX. La militarización también poco a poco comienza a perder legitimidad, incluso si momentáneamente ha logrado reducir la violencia, como lo muestra el caso de Chiapas.
Lo mismo ocurre en el campo de la justicia penal. La reforma judicial impulsada por el Gobierno omitió el mayor cuello de botella: las fiscalías. Con 2.1 millones de carpetas pendientes y fiscales sobrecargados, la impunidad seguirá siendo la regla.
Incluso en áreas críticas como la acción climática, la falta de colaboración interinstitucional y de incentivos claros —como lo exhibe el caso de Salamanca— impide avances sustantivos, pese a los esfuerzos locales.
Si el actual Gobierno desea conservar la confianza pública, la legitimidad y los votos, necesita comenzar a evaluar políticas, rediseñar estrategias fallidas y actuar con base en evidencia. La popularidad sin resultados es fugaz.
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