A nueve días del partido inaugural de la Copa del Mundo, con figuras de futbolistas ya vandalizadas sobre Paseo de la Reforma y el Zócalo capitalino convertido en campamento de protesta, México enfrenta una paradoja de su propio diseño político: el aliado que le ayudó a ganar el poder hoy amenaza con arruinar ante el mundo el evento más costoso y visible de su historia reciente. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha convertido el Mundial 2026 en rehén de una disputa que lleva décadas sin resolverse, y cuyo origen inmediato es una promesa de campaña que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo para ganar votos y hoy se niega a cumplir.
La traición —o la trampa— comenzó en campaña. Como candidata, Sheinbaum prometió explícitamente a la CNTE la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007, el esquema de cuentas individuales en Afores que los maestros consideran lesivo para sus jubilaciones. El compromiso era claro. Dos años después, ya instalada en Palacio Nacional, la mandataria reconoció ante la prensa que «en un tiempo lo dije», pero argumentó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar —el sustituto que ofrece su gobierno— es «incluso mejor». La CNTE no lo ve así. «¿Dónde quedaron esas promesas de campaña?», preguntó públicamente Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, al cumplirse dos años del triunfo electoral. La respuesta oficial es que el presupuesto no alcanza. Lo que no explica el gobierno es por qué prometió lo que no podía cumplir.
Las demandas de la Coordinadora incluyen la derogación de la reforma al ISSSTE, la eliminación de las Afores, el fin del cálculo de pensiones por Unidades de Medida y Actualización (UMAS), la abrogación de la reforma educativa de 2019 y un aumento salarial del 100 por ciento. El gobierno ofrece un alza del 9 por ciento, una semana adicional de vacaciones y cambios administrativos en el sistema de evaluación docente. La brecha es abismal, y la CNTE la ha convertido en palanca de presión máxima: bloqueos en Reforma y Bucareli, plantones en el Zócalo, irrupción violenta en el Congreso de Guerrero con destrozos en doce vehículos, y el derribo deliberado de las esculturas del Mundial como mensaje simbólico al gobierno y al mundo.
El dilema del gobierno es clásico y no tiene salida limpia. Si cede ante la presión del boicot, no sólo habrá comprometido recursos que dice no tener: habrá enviado una señal devastadora a cualquier grupo de presión en el país —que el chantaje en momentos de exposición internacional funciona. Si no cede, las protestas pueden escalar en la antesala del torneo y convertir la inauguración en un escándalo televisado para millones de espectadores en el mundo entero. Sheinbaum lo ha reconocido entre líneas: «Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial.»
Pero reducir el conflicto al oportunismo político de la CNTE sería también inexacto. La organización tiene décadas de resistencia frente a reformas laborales que efectivamente deterioraron las condiciones de jubilación del magisterio. Sus demandas de fondo —un sistema solidario de pensiones en lugar de cuentas individuales— son reclamos legítimos que comparten millones de trabajadores mexicanos. El problema no es que los maestros tengan razón en sus exigencias; es que la CNTE ha desarrollado, a lo largo de décadas, una cultura de negociación que premia la radicalización sobre el acuerdo, y que sus dirigencias nacionales han aprendido que el Estado mexicano cede más cuando la presión es mayor. El conflicto de 2025 no fue desactivado, apenas administrado, y ahora regresa en peores condiciones.
El costo lo pagan terceros: los millones de niños que pierden clases durante cada paro, los capitalinos que no pueden moverse por su ciudad, los turistas y visitantes que llegan a un país en convulsión, y un gobierno que llega al Mundial con una crisis doméstica sin resolver que sus propias promesas ayudaron a construir.
El escenario resultante es el retrato de una clase política que usa las demandas sociales como moneda electoral, prometiendo en campaña lo que sabe que no podrá dar, y que después negocia con los mismos actores que movilizó para ganar. La cuenta, inevitablemente, se la cobran a la ciudadanía.
