Escribí estas líneas un día antes del señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para rendir su informe y conclusiones.
Como esos señores no responderán la pregunta que motivó su presencia —¿dónde están los 43 de Ayotzinapa?—, seguirán volcándose en acusaciones contra el gobierno. Aunque nadie debe ser juez de su propia causa, ellos están más allá de cualquier falla y se presentarán como víctimas de obstrucciones, engaños, difamaciones, amenazas y agresiones oficialistas. La perversidad de las autoridades eclipsó al radiante sol colegiado, ante el cual nada habría quedado oculto si lo hubieran dejado trabajar. Triunfó la maldad del contratante frente al profesionalismo y pericia de los contratados.
De ser esa su salida, cómo explicar que, después de los familiares de los desaparecidos, el principal beneficiado con el hallazgo de los estudiantes sería, ni más ni menos, el propio gobierno. Concluiría la búsqueda y le quedaría únicamente reparar los daños a las víctimas sobrevivientes y castigar a los criminales.
Pues a pesar del escándalo internacional con el que pretenden excusar la falta de respuesta que todos quisiéramos, los visitantes dejan diversos saldos positivos. Por ejemplo, gracias a ellos nadie duda hoy —ni siquiera el abogado de los padres de los estudiantes— que los jóvenes fueron entregados por policías municipales a sicarios de Guerreros Unidos, y que éstos los desaparecieron. No es de poca monta el mentís que ello implica frente a los que gritan “¡fue crimen de Estado!”. Tampoco son de menor importancia las críticas que han venido formulando sobre las inconsistencias y corruptelas de nuestro sistema de justicia penal, así como las recomendaciones de profundizar en líneas de investigación, tales como lo del quinto camión, el envío de droga a Chicago y la probable participación de policías de Huitzuco. El diferendo fundamental estriba en la quema de cuerpos en el basurero de Cocula.
Ahora bien, no cabe duda de que en ambas partes encontramos errores graves. El primero e imperdonable fue que la PGR —en tiempos de Murillo Karam— atrajo la averiguación muchos días después de los hechos, no obstante que desde el primer momento todo apuntaba al crimen organizado, y que en materia penal momento que pasa, verdad que se va. Por eso se perdieron evidencias importantísimas.
En cuanto a los expertos, diversas afirmaciones los comprometen, como el “aténganse a las consecuencias”, ante una discrepancia con la PGR, o aquella de considerar “una de sus aportaciones” el “haber sido puente de comunicación entre familiares y autoridades”, lo que, con propósito sano, distorsionaba su función. Pero cuando dijeron: “si no nos dejamos tocar por el dolor de las víctimas, no podríamos hacer bien nuestro trabajo”, echaron por tierra su credibilidad, al violar el principalísimo deber de no dejarse “tocar” por sentimientos, y hacer que hablaran únicamente la ciencia y la técnica. No fueron peritos, abanderaron una causa social. ¡Lástima!
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