La decisión del gobierno federal de concentrar sus mayores esfuerzos y capacidades en lo que llama CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, dirigida a Zonas Económicas Estratégicas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde se halla el mayor porcentaje de pobreza extrema rural, responde a una exigencia de justicia por largo tiempo soslayada.
Dicen las autoridades que las tareas serán “compartidas y conjuntas” con los gobiernos estatales y municipales.
Más allá de la metodología que se use para diferenciar la pobreza de la pobreza extrema, así como las maneras de medirlas, lo cierto es que día con día aumentan los marginados.
Las enormes cantidades de dinero que anualmente se destinan para revertir esa tendencia han sufrido en el tiempo desvíos criminales por parte de burócratas corruptos, evitando que gran parte de los beneficios llegaran a los destinatarios; y frecuentemente los fondos públicos se han aplicado con criterios asistencialistas y electoreros, todo lo cual explica la postración en la que se encuentran tantos millones de mexicanos.
Ante la gravedad de la crisis todos los sectores sociales, y los ciudadanos en lo personal, estamos obligados a sumarnos, en la medida de nuestras capacidades, a esa cruzada. Así lo entienden el gobierno federal y la FAO (organismo de la ONU para la alimentación y la agricultura), pues sin el concurso de la comunidad los gobiernos son absolutamente incapaces de superar esa tragedia que hace imposible la paz entre nosotros y pone en riesgo el destino nacional.
Entre lo mucho que se debe hacer al respecto, es que nuestros diputados apoyen y mejoren la propuesta de gasto para 2016, enviada por el Ejecutivo, en cuanto sea pertinente para impulsar los proyectos productivos en las zonas rurales, a fin de asegurar el autoconsumo y mayores ingresos para los productores, así como el abasto para la población de lo que nos da la naturaleza cuando se hace bien el trabajo humano.
Aunque es sabido, debe destacarse que la verdadera soberanía nacional pasa por la autosuficiencia alimentaria, y que la mayor productividad del campo exige, entre otros insumos, fertilizantes suficientes, de buena calidad, que no dañen a la salud, que al producirlos se respete el medio ambiente, y que el campesino los reciba a precios baratos y en tiempo oportuno. México es actualmente importador de gran parte de los fertilizantes que a destiempo reciben los agricultores, además de caros y en cantidades insuficientes. Una política pública bien dirigida permitirá a México, en muy poco tiempo, satisfacer su demanda interna y ser exportador de esa materia que equivale a 40 por ciento del costo de los cultivos básicos. No debe continuar su dependencia del exterior.
Para abatir la miseria, la ignorancia y la criminalidad debe haber firmeza y patriotismo en gobernantes y gobernados al reconocer la dignidad del trabajo y la vida de las familias del campo.
La pluralidad deja de ser riqueza social cuando nos impide, ante la tragedia de millones de compatriotas, ¡cerrar filas!
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