Las campañas para la elección del Poder Judicial en México, iniciadas el 30 de marzo de 2025, marcan un proceso histórico donde más de 3,400 candidatos compiten por 881 cargos, incluyendo jueces de distrito, magistrados de circuito, ministros de la Suprema Corte, y miembros de tribunales electorales y de disciplina judicial. Estas campañas, que durarán 60 días hasta el 28 de mayo, se rigen por reglas estrictas del INE: sin financiamiento público, con topes de gasto diferenciados (hasta 1.46 millones de pesos para ministros, por ejemplo), y sin actos masivos como mítines. Los candidatos promueven sus propuestas principalmente en redes sociales, entrevistas y debates, enfocándose en su experiencia y visión de justicia.
El INE habilitó el micrositio “Conóceles” para consultar perfiles, trayectorias y propuestas, buscando un voto informado. Se instalarán unas 84,000 casillas el 1 de junio, y los votantes recibirán seis boletas de colores para elegir cargos federales, con urna única para agilizar el proceso. En paralelo, 19 estados tendrán elecciones locales para cargos judiciales. Hay críticas sobre la complejidad del proceso y la posible baja participación (estimada entre 8% y 15%), pero también entusiasmo por democratizar la justicia, aunque algunos advierten riesgos de politización.
Las propuestas más destacadas de los candidatos a jueces y magistrados en las campañas para la elección del 1 de junio de 2025 en México, según la información disponible, se centran en fortalecer la independencia, transparencia y accesibilidad del Poder Judicial. Aunque los candidatos han evitado propuestas populistas debido a las restricciones del INE y la naturaleza técnica de los cargos, algunos ejes comunes incluyen:
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Independencia judicial: Muchos candidatos, especialmente para la Suprema Corte, proponen blindar al Poder Judicial contra injerencias políticas, garantizando decisiones imparciales basadas en la Constitución y los derechos humanos. Ejemplo: candidatos como Pablo Monroy y Verónica de Gyves enfatizan su trayectoria para reforzar esta autonomía.
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Transparencia y rendición de cuentas: Propuestas para digitalizar procesos judiciales, publicar sentencias en lenguaje claro y accesible, y establecer mecanismos de supervisión ciudadana sin comprometer la autonomía judicial. Algunos magistrados en campaña, como los del Tribunal Electoral, sugieren plataformas abiertas para seguimiento de casos.
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Acceso a la justicia: Candidatos a jueces de distrito destacan iniciativas para agilizar trámites, reducir costos legales y acercar servicios judiciales a comunidades marginadas, incluyendo lenguas indígenas. Por ejemplo, se han mencionado propuestas para crear juzgados itinerantes en zonas rurales.
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Capacitación y profesionalización: Varios aspirantes, especialmente en circuitos, proponen programas de formación continua para jueces y magistrados, enfocados en nuevas tecnologías, perspectiva de género y derechos humanos, para modernizar el sistema judicial.
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Lucha contra la corrupción: Aunque menos explícita para evitar señalamientos, algunos candidatos sugieren auditorías internas y códigos de ética más estrictos para sancionar conductas indebidas dentro del Poder Judicial.
Debido a las reglas del INE, que prohíben promesas de campaña tradicionales y limitan los formatos de difusión, estas propuestas se han compartido principalmente en entrevistas, redes sociales y los 159 debates organizados (hasta el 10 de abril se habían realizado 25). El micrositio “Conóceles” del INE detalla perfiles, pero no siempre incluye propuestas específicas, lo que ha generado críticas por falta de profundidad. Además, algunos candidatos han sido cautelosos para no polarizar o violar restricciones, enfocándose en su experiencia más que en promesas concretas. No hay información sobre propuestas individuales que hayan dominado el debate público, ya que la atención mediática se centra más en el proceso inédito que en candidaturas específicas.
Sin embargo, hay candidatos que empiezan a hacer «promesas» que llaman la atención, pero por su falta de racionalidad, como la que hizo Lenia Batres de que los ciudadanos puedan tener defensores de oficio gratuitos, algo que ya está contemplado en la ley; ella misma propuso que la Corte pueda reformar leyes, algo que está fuera de sus atribuciones, además de las denuncias por el apoyo de partidos, sindicatos y otras organizaciones que no está permitido por ley.
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