México enfrenta una crisis sin precedentes en materia de seguridad ciudadana, revela un reciente análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), consultado por TResearch. Desde 1988 hasta mayo de 2025, más de 114,000 personas han sido reportadas como desaparecidas y no localizadas en el país, convirtiendo este delito en uno de los más graves e invisibilizados de la agenda pública.
Según los datos oficiales, casi la mitad de estas desapariciones —un 46%— ocurrieron durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Durante ese periodo, se registraron 52,575 casos, siendo Jalisco el estado con mayor número de personas no localizadas (cerca de 7,000). Le siguieron en la lista el Estado de México, Veracruz, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, que juntos concentraron el 50% de los casos a nivel nacional.
El fenómeno continúa creciendo. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciado en octubre de 2024, ya suman más de 8,700 personas desaparecidas. Solo en abril de 2025 se reportaron 1,346 nuevos casos, manteniendo un promedio mensual superior a las 1,200 desapariciones. Esto sitúa al país en una espiral de violencia difícil de contener.
En cuanto al perfil de las víctimas, el 72% son hombres, mientras que el 28% son mujeres. En el actual gobierno federal, ya son 2,485 mujeres cuyo paradero sigue sin conocerse. Este dato refuerza la alerta sobre el riesgo diferenciado que enfrentan las mujeres en contextos de violencia estructural y criminal.
Geográficamente, cuatro entidades encabezan esta dramática estadística: el Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Sinaloa. Estos estados concentran el mayor número absoluto de desapariciones en el último año, aunque su incidencia varía considerablemente según el contexto local, la presencia de grupos delictivos y la debilidad institucional para atender los casos.
Los datos también muestran tendencias históricas preocupantes. Entre 2012 y 2018, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, se registraron 34,557 desapariciones. En el periodo anterior (2006-2012), bajo la administración de Felipe Calderón, fueron 17,054. Aunque los números tienden a crecer con el tiempo, el ritmo actual es alarmante y supera con creces los promedios históricos.
A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno federal para crear mecanismos de búsqueda y justicia, como las Comisiones Estatales de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los resultados siguen siendo insuficientes. Las familias de las víctimas denuncian retrasos, omisiones y falta de coordinación entre autoridades locales y federales.
Este fenómeno trasciende fronteras y afecta a toda la sociedad. Las desapariciones no solo dejan huérfanos, viudas y comunidades fracturadas, sino que también erosionan la confianza en las instituciones. Mientras tanto, organizaciones civiles, activistas y colectivos familiares continúan exigiendo justicia, verdad y reparación del daño.
La crisis de desapariciones en México no puede seguir siendo un tema relegado a informes técnicos o conferencias matutinas. Es un problema de derechos humanos, seguridad y Estado de derecho que requiere atención inmediata y acciones contundentes por parte de todas las instancias gubernamentales.
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