Si queremos hablar sobre el futuro de nuestras ciudades debemos como funcionarios y tomadores de decisiones entender que la planeación y el gasto debe dirigirse hacia una visión metropolitana.
Esta visión debe favorecer la seguridad, la movilidad y el transporte, así como la construcción de políticas públicas y legislación que inviertan en el rescate de la calle. Así es, de las calles de las ciudades, vistas como el espacio público que favorece la seguridad, productividad y la convivencia de las personas integrantes de una comunidad.
Lograr ese equilibrio no parte de la división que ocasionan las fronteras administrativas de los Estados, sino por el contrario, del entendimiento y la coordinación que derivaría en servicios de calidad, iniciando por el transporte y la movilidad, el cual juega un papel fundamental en la vida de todos. Contar con un sistema integrado de transporte público digno y de calidad es vital si lo deseado es potenciar las capacidades de la gente, favorecer la satisfacción de sus necesidades y ampliar el bienestar de sus familias. Desafortunadamente, el Metro de la Ciudad de México, es el claro ejemplo de la falta de coordinación metropolitana, y por ende, de gasto compartido y ampliado.
Tristes postales de un sistema de transporte colectivo. Algo pasó, en algún momento hace unas décadas se decidió abandonar al Metro a su suerte, alguien lo condenó a una muerte lenta y así sucesivamente fue siempre más importante gastar en cualquier cosa menos el mantenimiento del Metro. Desconozco dónde se pusieron las prioridades de política pública y los recursos fiscales con los que se solía mantener en condiciones medianamente decorosas; sin embargo, el rezago acumulado hizo rodar una bola de nieve que hoy pone en riesgo la seguridad de los usuarios y la utilidad del metro como instrumento central de la movilidad de los capitalinos.
Cuando no es una, es otra. Entre fallas eléctricas, funcionamiento colapsado que pone en riesgo la vida de los usuarios y operadores en estado de ebriedad identificados en la Línea 3, suspensiones de servicio en trenes de las Líneas 1, 3, 5, y 6, inundaciones en temporadas de lluvia en la Línea 7, así como vagones que circulan con las puertas abiertas o con la mitad de las luces apagadas, nos encontramos frente a un sistema de transporte que no corresponde con el esperado en una de las metrópolis más importantes del mundo. Son 25 mil millones de pesos el déficit de mantenimiento del metro, el cual no será resuelto con el reciente aumento de tarifa aún cuando se destinará el total anual durante los siguientes 10 años, negligencia en la construcción y puesta en marcha de la Línea 12; o la decisión unilateral de origen del Gobierno Federal de ampliar la red de este sistema de transporte, tenemos como resultado un grave problema de política pública por resolver. A este contexto habría que agregar la noticia de que la rehabilitación de 11 de las 20 estaciones de la Línea Dorada costará al menos 500 millones de pesos que serán recortados al presupuesto local del próximo año. Valdría la pena señalar que no estamos dispuestos a tolerar que estas disminuciones presupuestales impacten en la infraestructura peatonal o ciclista; sería el colmo.
Aprovechar el contexto para transformar la realidad. La pluralidad política del Distrito Federal ha realizado un gran trabajo por allegarse de un mejor marco normativo para garantizar el disfrute del Derecho a la Movilidad de los capitalinos. Además de la Ley de Movilidad, los anuncios de la construcción del nuevo aeropuerto o del tren México-Toluca ofrecen ventanas únicas de oportunidad en el reordenamiento de prioridades de política, recursos financieros y disposiciones administrativas para alcanzar el objetivo de que los sistemas de transporte sean plataforma de futuro. El reto está en que su instrumentación con coordinación metropolitana, transparente y basada en las mejores prácticas internacionales.
Para salvar al Metro. En esta visión integral, dar viabilidad al metro significa dotarlo con carácter de urgente, de los mecanismos financieros que le permitan no sólo garantizar su operación, sino revertir el deterioro tolerado años atrás. Por ello, exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda a la creación de un fondo que de aquí a cinco años rescate las finanzas de esta institución prestadora de un servicio público esencial en la seguridad y la productividad de los 4.5 millones de usuarios metropolitanos que diariamente hacen uso de este sistema de transporte. Dichas gestiones deberán ser promovidas tanto por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal como por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa.
El Metro en el interés de todos. La situación crítica del Metro va más allá de ser un tema de preocupación del Gobierno del Distrito Federal y un asunto de decoro mínimo de los usuarios. El desafío pega directamente en el proyecto integral de Movilidad concebido para el nuevo aeropuerto. El Gobierno Federal no sólo debe pensar en ampliar la red del metro, sino en cómo garantizar que todo este sistema trabaje de manera correcta en la prestación de un servicio público que brindará en mayor volumen al visitante internacional. Hago votos para que en un esquema de corresponsabilidad, Gobierno Federal y Gobierno de la Ciudad de México establezcan con oportunidad los incentivos, recursos y mecanismos adecuados y necesarios para salvar al metro.
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