Las elecciones del 7 de junio marcaron el inicio de la segunda y definitiva etapa del presente pe-riodo presidencial. La primera mitad del sexenio, confusa y violenta, resultó pesada para todos. Ya hay ansiedad porque la administración finalice. La inquietud es general. No han terminado las ansiadas reformas estructurales todavía en proceso ni se ha aliviado la tensión en que vive bue-na parte del país debido al crimen organizado y la debilidad microeconómica que ha pegado a las mayorías.
Hay otra inseguridad, la que se refiere a la preocupación de millones de padres de familia por el futuro que aguarda a sus hijos, millones de niños y jóvenes de todos los niveles sociales, y los que reducidos a la categoría de ninis, han quedado privados de la preparación que debía de ofrecerles un sistema efectivo de escuelas primarias, secundarias y vocacionales. Estos rehenes del desorden educativo se enfrentarán a la vida sin otro modelo que el que les ofrecen las rijosas convulsiones de un magisterio cuyos sindicatos han traicionado su mandato.
En lugar de que los candidatos propusieran en las elecciones que acaban de celebrarse planes concretos para remediar el desastre educativo nacional, los comicios fueron foros para inútiles ataques entre partidos y candidatos. No hubo discusión profunda de los problemas que aquejan a nuestra comunidad, entre los cuales el tema de la educación que quedó al capricho de la soberbia corrupción sindical. Mientras, más de dos mil contendientes por los puestos de elección popular se enfrascaron en sus guerras personales. Los ataques dentro de los partidos dañaron la confianza en el sistema político más que los ataques que se lanzaron ellos mismos internamente. Las deficiencias del país sólo sirvieron como armas para recíprocas acusaciones.
La carencia de rumbos para el tema crucial de la educación fue el ejemplo más siniestro de todos, más aún que el de la falta de políticas industriales que deja que la formación de nueva producción nacional dependa más de las iniciativas extranjeras que de las nacionales.
La tolerancia oficial a los caprichos de un innoble magisterio significa que la atención educativa a los niños y jóvenes haya quedado encomendada a planteles particulares donde predominan más los intereses utilitarios.
Sin la acción ciudadana, el pasmo de la educación en México no se remediará. Afortunadamente, en los últimos tiempos la valentía de la organización Mexicanos Primero vino a dar la primera respuesta a la criminal estrategia de la CNTE de desarticular el programa oficial de exámenes de evaluación al magisterio.
El que el gobierno hubiera quedado de rehén de la CNTE sólo se detuvo en virtud del amparo obtenido por esta organización gracias a la cual se anuló la suspensión tomada por el gobierno del programa de exámenes de evaluación.
La valiente intervención de Mexicanos Primero fue una importante lección, no por exhibir la indecisión que ha caracterizado al gobierno a lo largo de toda su actuación en esta materia, sino porque este episodio probó que la ciudadanía puede y debe intervenir cuantas veces sea necesario para resolver problemas, incluso, de Estado.
El compromiso del secretario de Educación de aplicar los exámenes a los cientos de miles de maestros que aún reciben un inmerecido sueldo, es lo menos que pudiera esperarse. La sociedad demanda esta clase de valentía. La respuesta que a su vez urda la CNTE podrá ser todo lo destructiva que ella quiera, pero el valor que significa para México la educación de jóvenes es infinitamente superior a cualquier riesgo que amenace.
Son momentos en que por todo el mundo la acción ciudadana está respondiendo a su función de fortalecer la democracia y con ella impulsar niveles superiores de vida a sus comunidades actuales y futuras.
El inicio del segundo tramo de la administración presidencial comienza con esa poderosa lección.
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