A casi un año de los hechos de Iguala, en los que fueron desaparecidos y asesinados estudiantes de Ayotzinapa, se puede decir que no han sido bien valorados en los diferentes ámbitos de gobierno, procuración e impartición de justicia, políticos, sociales, del movimiento social que lo trae como bandera, organismos de derechos humanos, académicos e intelectuales, porque si así fuera ya habrían generado alguna consecuencia trascendental positiva de todo esto, y eso no ha ocurrido.
Los hechos de Ayotzinapa han sido abordados como un simple objeto de averiguación previa, de tema de análisis, de debate público, de cierre de carreteras y destrucción de edificios públicos, de reportes de judiciales y de reuniones sin avances, pareciera que realmente son un tema menor que hay que superar para seguir viendo para adelante, con las siguientes contiendas electorales, obras públicas, programas de gobierno y planes de la misma vida privada, olvidando las terribles causas y responsabilidades políticas que los hicieron posible.
No podemos quedarnos en considerarlos como un simple homicidio, o como resultado de la actuación de un grupo de la delincuencia organizada, o de la policía municipal al servicio de aquella; o en sus aspectos jurídicos o de técnica forense, o en la parte de la violación de los derechos humanos, o en la confusión entre grupos de delincuentes.
Ayotzinapa es un tema que va más allá de todas estas consideraciones, tiene que ver sobre todo con responsabilidad política, gubernamental y ciudadana, que son los campos en los que se debe dar la previsión y anticipación de los riesgos a la gobernabilidad antes de que los en hechos se conviertan en delitos consumados, de ahí que si se hubieran tratado con responsabilidad ya habría secuelas transformadoras en el país a nivel de la función pública y responsabilidad política, por cuanto que ya debieron haberse establecido acuerdos y acciones entre sociedad y gobierno para evitar que la delincuencia organizada controle descaradamente y a todas luces no solo espacios públicos, sino de gobierno.
Por eso en el diálogo que establecerán hoy los padres y familias de los estudiantes de Ayotzinapa y el presidente de la República debe centrarse además de los aspectos de justicia y reparación de daño, en los aspectos de la responsabilidad política y de gobierno.
Los sucesos de Iguala del 26 y 27 de septiembre requieren un trato diferente porque no sólo representan un quiebre en el actual gobierno federal sino una coyuntura en la misma historia del país porque desenmascararon a nivel mundial ni mas ni menos que las fallas del Estado mexicano y no se ha actuado en consecuencia; eso es lo que no se quiere ver ni entender.
Los Estados son construcciones humanas, artificiales, y por ende expuestas al error y como tales deben ser reconocidos, todos los servidores públicos son representantes del Estado y sus fallas no pueden ser consideradas perdonables o individuales, falla un servidor público y falla el Estado, por eso son importantes las disculpas públicas de los Estados en casos de alta relevancia como el de Ayotzinapa, pero no solo las disculpas, amén de la justicia y castigo a los culpables, sino las acciones correctivas y de responsabilidad en la función pública, para que esos servidores públicos en los distintos niveles y órdenes de gobierno y jerarquía no vuelvan a fallar y ocasionar sucesos como los del 26 y 27 de septiembre pasados.
Los efectos de Ayotzinapa no pueden quedar en detenidos y sentenciados, eso sería matar la capacidad autocorrectora del Estado; se requiere ir más allá de las disculpas públicas, de la reparación del daño, del acatamiento a observaciones de organismos de derechos humanos, debe representar cambios en la estructura y operación de las instituciones de gobierno relacionadas con la seguridad y la gobernabilidad, con la denuncia ciudadana, la rendición de cuentas y transparencia de gobierno, para evitar seguir gobernando con los enemigos de la sociedad.
There is no ads to display, Please add some
