En la actual legislatura, varios diputados y senadores de Morena han sido señalados por un elevado número de inasistencias a sesiones plenarias y comisiones, algunas de ellas en votaciones clave para el país. En vez de reconocer las faltas y explicar su ausencia, los legisladores afectados han respondido con enojo público, acusaciones de una supuesta campaña de desprestigio orquestada por la oposición y, en casos documentados, con ataques directos contra los periodistas que difundieron los datos. Estas reacciones han incluido amenazas veladas o explícitas, lo que ha elevado la polémica a un nivel que pone en entredicho la libertad de información.
La información expuesta revela patrones claros: ausencias repetidas que coinciden con periodos de actividad intensa en otras arenas políticas, como giras o cargos partidistas paralelos. Analistas independientes destacan que este comportamiento refleja una concepción del cargo legislativo no como un compromiso de servicio público pleno, sino como un escalón temporal en trayectorias personales. Los electores de distritos y circunscripciones, que depositaron su confianza en estos representantes, quedan sin voz en momentos decisivos, lo que genera indignación legítima entre quienes esperan responsabilidad efectiva de sus diputados y senadores.
Desde la perspectiva de Morena, la exposición forma parte de una estrategia opositora para debilitar al grupo mayoritario. Sus voceros argumentan que las ausencias responden a labores de campo o a la defensa de agendas prioritarias fuera del recinto, y que las cifras son manipuladas para crear un relato negativo. Algunos legisladores han calificado los reportajes de “ataques personales” y han exigido rectificaciones, sugiriendo que la prensa actúa con parcialidad. Esta postura ha encontrado eco en sectores afines al partido, que ven en la crítica un intento de deslegitimar el proyecto de la Cuarta Transformación.
En contraste, organizaciones de la sociedad civil, columnistas y partidos de oposición interpretan la reacción como evidencia de intolerancia al escrutinio. Consideran que amenazar o descalificar a periodistas no resuelve la falta de asistencia, sino que agrava la percepción de arrogancia. Expertos en derecho parlamentario recuerdan que la Constitución obliga a los legisladores a cumplir con su función de manera continua y que las ausencias injustificadas afectan la representativadad democrática. La indignación crece al observar que, mientras se exige responsabilidad a otros poderes, algunos miembros de la mayoría parecen evadirla cuando les toca.
El debate pone de manifiesto tensiones profundas en el sistema político mexicano: la profesionalización del servicio público frente a la lógica de carrera partidista, y el equilibrio entre crítica periodística y respeto institucional. Mientras unos defienden que la exposición pública fortalece la democracia, otros advierten que el tono confrontacional erosiona la convivencia legislativa. Lo cierto es que las ausencias y las respuestas airadas han colocado el tema en el centro de la agenda, obligando a reflexionar sobre si el cargo de diputado o senador sigue siendo un mandato ciudadano o se ha convertido, para algunos, en mero instrumento de ascenso.
Este caso no solo cuestiona la disciplina interna de Morena, sino que invita a un examen más amplio sobre la cultura política que tolera la impunidad en el cumplimiento de deberes. La ciudadanía, cada vez más informada, observa con atención si las promesas de cambio se traducen en responsabilidad real o quedan en mera retórica.
