Del 25 al 27 de febrero, legisladores de las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) nos congregamos para celebrar la Reunión anual de la Red Parlamentaria Global de este organismo, que inició en 2011. El objetivo central fue intercambiar y compartir las mejores prácticas en materia de legislación y políticas públicas sobre la situación económica, social y financiera mundial, el desarrollo de las finanzas, las expectativas sobre la energía mundial, la migración y el liderazgo de las mujeres en la vida pública, entre otros temas.
Al encuentro acudimos decenas de diputados y senadores de distintos países, con distintos sistemas políticos y posiciones ideológicas, y diferentes retos, pero compartimos la convicción de que todas las naciones de la OCDE tienen mucho espacio para aprender unas de otras y para cooperar en acciones que beneficien a sus sociedades.
Durante mi participación como ponente en representación del Senado mexicano, describí algunos de los desafíos más relevantes que enfrenta nuestro país, las medidas legislativas que hemos aprobado en los últimos años, así como sus resultados a la fecha.
Y es que, México es un país con grandes retos económicos que no se derivan solo de las economías internacionales, sino de factores internos, como la caída en el precio por barril de petróleo (los legisladores argumentamosque las estimaciones del Gobierno federal eran equivocadas durante la Ley de Ingresos 2015). Además, enfrentamos los lentos resultados de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión en los dos años pasados, los deficientes efectos de la reforma fiscal, la incertidumbre sobre el impacto de las reformas estructurales, el creciente impacto de la inseguridad en algunas regiones y sectores económicos, y un ineficaz ejercicio del gasto público.
Ante este panorama expuse algunas de las propuestas legislativas de los legisladores del PAN, así como algunas ideas propias.
Proponemos la creación de una transparente Comisión Nacional Anticorrupción, integrada por servidores públicos con intachable trayectoria profesional y autoridad moral. También defendemos que la inminente expedición de la nueva Ley de Obras Públicas no permita la simulación ni la corrupción en las licitaciones y adjudicaciones de las obras públicas en ninguno de los tres órdenes de Gobierno.
En materia económica, insistimos en sanear y aumentar la eficacia de las finanzas públicas, apoyar el tránsito hacia una economía del conocimiento, mejorar la competitividad, así como detonar esfuerzos de impulso empresarial y laboral.
Requerimos un análisis detallado, responsable y eficaz acerca de las razones por las cuales el gasto público no ha tenido impactos significativos en el conjunto de la actividad económica de las regiones, a pesar de que se reportan ejercicios de recursos en tiempo y forma.
Por ello, planteamos que es necesario implantar un sistema único de evaluación de resultados por la asignación de recursos presupuestales federales en los tres niveles de gobierno a través de la Auditoría Superior de la Federación; establecer una meta de reducción del gasto en el apartado de nómina y de incremento en el apartado de inversión en los sectores de educación, salud, vivienda y combate a la pobreza; así como diseñar un sistema de transparencia único en el uso de todos los recursos públicos federales en los tres niveles de gobierno. Vital es también desarrollar y aprobar un mecanismo que regule y limite las deudas públicas: federal, estatal y municipal, de acuerdo con los ingresos propios de cada nivel de Gobierno.
Estamos convencidos de que es impostergable facilitar el acceso de nuevos competidores a sectores semi-cerrados; incorporar en las políticas de competitividad acciones específicas para la tecnificación acelerada del campo; crear una Agencia Nacional de Competitividad; y crear un fondo gubernamental para apoyar proyectos empresariales y PYMES estratégicos. También insistimos en que el ahorro interno es la base fundamental del financiamiento del desarrollo nacional, y que es vital promover políticas eficaces de vivienda y del sector de la construcción en general.
A falta de espacio, expongo solo algunas propuestas más: otorgar deducibilidad de 100% a los gastos de investigación y desarrollo tecnológico; duplicar el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los Fondos de Inversión Tecnológica y las Unidades de Transferencia Tecnológica; aumentar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico en 5% por año.
Para mejorar la competitividad, creo que debemos crear un Consejo Consultivo Ciudadano para el Desarrollo Económico en cada estado del país, que integre los sectores gubernamental, privado y académico, y que tenga voz en el diseño de planes y políticas de gobierno; publicar anualmente los índices de competitividad de cada estado y su evolución; facilitar la apertura de empresas legítimas y estratégicas; crear una Banca de Desarrollo específica para las PyMEs; y promover que el gobierno privilegie a las PyMEs en sus compras y que les pague a tiempo.
Queda mucho en el tintero. El encuentro con parlamentarios de los países de la OCDE generó en todos no solo propuestas, sino inquietudes e ideas sobre lo mucho que podemos compartir. Sin duda, fue una experiencia enriquecedora en la que todos aprendimos de la experiencia de los demás
* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicamaral del Canal del Congreso.
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