En México las leyes se usan como herramientas de censura: Artículo 19

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En su estudio sobre el acoso judicial, Artículo 19 plantea que los marcos normativos en México están siendo utilizados como herramientas de censura para hostigar a la prensa a través de vías electorales, civiles, penales y administrativas. El organismo sostiene que existe un uso faccioso del marco legal que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.

A continuación, se detallan los planteamientos principales del organismo respecto al uso de las leyes para limitar este derecho:

1. El acoso judicial como estrategia de desgaste (SLAPPs)

Artículo 19 define el acoso judicial como una estrategia de desgaste de recursos económicos, legales y humanos. A diferencia de las agresiones físicas, estos procesos buscan enviar un mensaje colectivo de temor («efecto amedrentador») para que otros periodistas eviten tocar «temas prohibidos». En este contexto, los demandantes con recursos suficientes convierten el proceso legal en un castigo en sí mismo, prolongando el litigio para agotar a los defensores, sin necesidad de ganar el caso para lograr su objetivo de suprimir la participación pública.

2. Uso indebido de la figura de Violencia Política de Género (VPEG)

El organismo externa una preocupación especial por el uso abusivo de la normativa de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG). Aunque esta figura fue diseñada para combatir la discriminación estructural, Artículo 19 plantea que:

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  • Se ha desvirtuado para inhibir el debate público y eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder.
  • Su aplicación es a menudo desproporcionada, ordenando la remoción de contenidos de relevancia pública mediante medidas cautelares.
  • La ambigüedad de la norma y su interpretación arbitraria permiten limitaciones injustificadas a la libertad de prensa.

3. Instrumentalización del derecho penal y civil

  • Vía Penal: Artículo 19 señala que el derecho penal es el recurso más intrusivo y se abusa de él para silenciar a la prensa. Defiende que el uso de sanciones penales debe ser la ultima ratio (último recurso) y quedar prohibido para proteger la honra de figuras públicas, ya que resulta desproporcional e inhibitorio.
  • Vía Civil: Las demandas por daño moral se utilizan para presionar a periodistas mediante la exigencia de pagos millonarios por contenidos publicados.
  • Forum Shopping: El organismo documenta la práctica de iniciar múltiples procesos en distintas cortes y vías legales para someter a la víctima a un desgaste psicológico y económico extremo.

4. Incumplimiento de estándares internacionales

Artículo 19 subraya que toda limitación a la libertad de expresión debe cumplir con el «test tripartito», el cual exige que la restricción sea:

  1. Definida de forma precisa y clara en una ley.
  2. Orientada a un objetivo imperioso autorizado por tratados internacionales.
  3. Necesaria, idónea y proporcional en una sociedad democrática.

El organismo concluye que los procesos judiciales actuales en México a menudo no buscan el acceso a la justicia, sino que funcionan como un escarmiento frente a la crítica, lo que reduce el espacio para el periodismo independiente y robusto.

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