El primer trimestre de 2025 registró un descenso significativo en los incidentes de violencia política en México, con un total de 104 casos documentados a nivel nacional. Este volumen representa una reducción del 59.2% en comparación con el mismo periodo de 2024, según el reporte elaborado por Integralia. No obstante, este decremento no debe interpretarse como un avance sostenible o estructural en la seguridad política del país, sino más bien como una coyuntura influenciada por factores electorales y contextuales relacionados con el proceso previo de 2023-2024.
Disminución relativa y contexto electoral
La disminución en la incidencia de violencia política se explica, en gran medida, por la menor relevancia y número de cargos públicos en disputa durante el primer trimestre de 2025. En contraste, el ciclo electoral de 2023-2024 involucró elecciones de alto impacto, incluyendo gubernaturas, diputaciones federales y locales, así como ayuntamientos en múltiples estados. Este escenario generó mayor competencia y, consecuentemente, mayor exposición de actores políticos a riesgos violentos.
A pesar del descenso generalizado, el tipo de violencia sigue siendo altamente letal: los homicidios lideran las categorías de incidentes, con 50 casos reportados (48% del total). Le siguen amenazas (24), atentados con arma de fuego (15), secuestros (11) y, en menor medida, desapariciones y otros delitos. Lo anterior refleja que, aunque hay menos episodios, estos continúan siendo graves y dirigidos contra figuras clave en el ámbito político local.
Concentración territorial y debilidad institucional
La violencia política se mantiene profundamente arraigada en el ámbito municipal. Aproximadamente el 81.7% de las víctimas eran funcionarios, exfuncionarios o aspirantes a cargos municipales. Este patrón evidencia la vulnerabilidad de los gobiernos locales frente al crimen organizado, particularmente en regiones donde la institucionalidad es débil y existen incentivos económicos y territoriales para su captura.
Geográficamente, los incidentes se concentraron en 78 municipios (3.1% del total nacional), pero solo dos de ellos —Cuernavaca y Huitzilac, ambos en Morelos— acumularon cinco casos cada uno. Esto sugiere focos rojos persistentes que requieren intervención focalizada. Por entidad federativa, Morelos encabezó el ranking con 17 incidentes, seguido por Veracruz (13), Oaxaca (12), Puebla (11) y Guerrero (9). Estos estados comparten características comunes: alta incidencia delictiva, presencia histórica de grupos criminales y dinámicas de poder local complejas.
Perfil de las víctimas y partidos afectados
Los datos muestran que el grupo más afectado es el de funcionarios o exfuncionarios públicos, con 75.9% de los casos. Los aspirantes a cargos de elección popular representaron 15.4%, mientras que políticos o ex-políticos alcanzaron el 8.7%. Esta distribución refleja que el riesgo no está centrado únicamente en quienes buscan acceso al poder, sino también en quienes ya lo ejercen o lo han ejercido.
En cuanto a los partidos políticos, Morena fue el partido con más incidentes, con 30 casos, lo cual se explica parcialmente por su amplia presencia en cargos públicos locales y estatales. El PRI registró 10 casos y Movimiento Ciudadano 9. Sin embargo, cabe destacar que 35 víctimas no tenían afiliación partidista explícita, lo cual sugiere que la violencia política no responde exclusivamente a conflictos internos entre fuerzas partidistas, sino también a dinámicas locales de control territorial y financiero por parte del crimen organizado.
Violencia política y elecciones judiciales
Un aspecto distintivo del primer trimestre de 2025 es la ausencia de incidentes reportados contra aspirantes al Poder Judicial. Si bien esto podría indicar un bajo perfil de exposición de estas candidaturas, también plantea la posibilidad de que el crimen organizado haya optado por vías alternativas de influencia, como la promoción de perfiles afines dentro de las listas oficiales de postulación. Adicionalmente, no puede descartarse que las acciones violentas se intensifiquen conforme se acerque la jornada electoral judicial extraordinaria programada para el 1° de junio.
Impacto multidimensional de la violencia política
La persistencia de la violencia política tiene efectos profundos y transversales en el tejido social, económico e institucional del país. Desde el punto de vista político, genera gobiernos sometidos a intereses criminales, limitando su capacidad de acción en favor del bien común. Esto se traduce en incumplimiento de funciones básicas, corrupción y consolidación de regímenes clientelares.
Económicamente, la infiltración del crimen organizado en estructuras locales implica una distorsión del mercado, con precios controlados, monopolios ilegales y barreras al desarrollo productivo. Las micro, pequeñas y medianas empresas son especialmente vulnerables ante esquemas de extorsión, lo que reduce la inversión privada y frena la creación de empleos.
Socialmente, la violencia política contribuye al deterioro de derechos fundamentales, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamiento poblacional y censura mediática. La sociedad civil se ve debilitada, limitando su capacidad de denuncia y organización.
Perspectivas futuras
Si bien el primer trimestre mostró una reducción en la violencia política, es probable que los números aumenten hacia el segundo semestre del año, especialmente en estados como Durango y Veracruz, donde están programadas elecciones locales. En Veracruz, por ejemplo, ya se observa una escalada de incidentes vinculados a disputas entre cárteles rivales, lo cual podría agravarse conforme se acerquen las votaciones.
Asimismo, el contexto pre-electoral del Poder Judicial demandará vigilancia especial, dado que cualquier intento de cooptación institucional por actores ilícitos tendría repercusiones duraderas en la percepción de justicia y estado de derecho en el país.
Conclusión
El informe de Integralia sobre violencia política en México durante el primer trimestre de 2025 ofrece una radiografía precisa de una problemática compleja, multifacética y profundamente anclada en niveles subnacionales de gobierno. Aunque el descenso en incidentes es un dato positivo, su contexto coyuntural y la gravedad de los casos restantes alertan sobre la necesidad de políticas públicas integrales, focalizadas y sostenidas en el tiempo. La protección de actores políticos, la fortaleza institucional local y la prevención de la infiltración criminal deben convertirse en pilares centrales de cualquier estrategia de seguridad democrática en México.
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