Las matanzas de Tlatlaya, Estado de México, y de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, enfrentan brutalmente a México con su realidad violenta.
Una violencia que no se limita a dos estados, sino se manifiesta, dolorosamente, en una amplia porción del territorio nacional.
Una violencia que el maquillaje gubernamental disimula pero la terquedad de los hechos desnuda.
Una violencia que tiene dos fuentes: el crimen organizado y las fuerzas militares y policiales.
Una violencia que ha hecho exclamar a Elena Poniatowska, en la Universidad Iberoamericana y en Acapulco (tras de recibir el primer doctorado honoris causa que otorga la UAG): "¿Cuál es nuestro futuro en un país donde el Estado mata a sus estudiantes?" (El Sur, 05/10/14).
Una explosión coincidente de hechos negativos tiene hoy a México en una etapa negra de su historia. Una etapa marcada por la pérdida de gobernanza y de control territorial. Es claro que el gobierno de Enrique Peña Nieto afronta una crisis de seguridad y que, como le ocurrió a Felipe Calderón, no sabe cómo afrontarla eficazmente. Por ello, su mensaje del lunes 6 de octubre, que se constriñó al caso guerrerense (¿será porque ahí hay un gobierno de procedencia no priista?), fue un mensaje incompleto, mediático, parcial.
La violencia no está sólo en Guerrero. También, por ejemplo, en el Estado de México, donde un grupo de militares asesinó a mansalva, en Tlatlaya, a una veintena de personas. Pero esto lo ignoró el Presidente en su mensaje, como si la omisión lo desapareciera, cuando la realidad es que el Estado mexicano es el que más denuncias tiene en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es una omisión menor.
Un mensaje no coyuntural tendría que haber contenido lo que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ve claramente: que los tres niveles de gobierno "no están siendo capaces de garantizar a la población las condiciones mínimas de seguridad".
Ciertamente, es indignante, terrible e inaceptable el caso de los estudiantes normalistas (si finalmente se comprueba que se trata de ellos) y desde luego que debe investigarse, dar con la verdad y perseguir y enjuiciar a los culpables. Esto es lo menos que puede exigirse al gobierno. Pero una estrategia contra la violencia no puede limitarse a sólo un caso ni a encerrarse en sólo una reacción represiva. Y ahí salta el gran problema de este sexenio: carece de una estrategia contra la violencia. Sus acciones son reactivas, como las del bombero que actúa sólo cuando el incendio estalla.
El combate a la delincuencia exige una planeación inteligente que incluya audacias como la que apuntó el Presidente hace meses en una entrevista con El País: la regulación de las drogas hoy prohibidas, como se está haciendo ya en Estados Unidos. Pero incluso omitiendo este aspecto, la solución no puede limitarse a la lucha a sangre y fuego contra los delincuentes, sino ampliarse a los dineros que les permiten comprar armas, organizar grupos de sicarios y pagar complicidades.
Los resultados de una lucha eficaz no deben medirse sólo en capos detenidos y droga decomisada. ¿Cuándo habrá noticia de redes de lavado desarticuladas, de inmuebles incautados, de empresas intervenidas, de activos congelados? ¿Cuándo se actuará contra gobernadores, alcaldes, legisladores, funcionarios de los tres niveles de gobierno y militares que estén involucrados en actividades delictivas? ¿Cuándo habrá instancias de inteligencia que puedan detectar todo lo anterior y actuar en consecuencia?
Quizá cuando el Presidente, apartado de frivolidades y dispendios, atienda los asuntos nacionales con visión de Estado. No es el tema, pero a propósito de dispendios, hay un dato estremecedor, aunque no estremezca a una clase política ciega y sorda ni a una sociedad mayoritariamente aletargada: cada día de su gestión este gobierno ha endeudado al país con 1,430 millones de pesos, de tal modo que la deuda ha aumentado 21% en lo que va de esta administración (Reforma, 03/10/14). Y lo peor: la sociedad ignora qué se está haciendo con ese dinero.
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