El pasado 28 de noviembre se cumplió un año de la constitución del movimiento chihuahuense UNION CIUDADANA. Ya es memorable su esfuerzo y épica su gesta cívica contra la corrupción política del gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaquez. Se trata de un movimiento social y político de carácter plural que busca izar en el territorio chihuahuense -como punto cardinal del mapa nacional-, la bandera contra la impunidad; conscientes de que en la dupla corrupción-impunidad, está la causa de los grandes rezagos de México y será el dique para su crecimiento con justicia y libertad.
Nació hace doce meses bajo el impulso de una genuina solidaridad hacia el valor cívico que tuvo Jaime García Chávez, al presentar la denuncia penal ante la PGR en contra del gobernador César Duarte, de Jaime Herrera Corral, secretario de finanzas y de Carlos Hermosillo, entonces presidente de la Junta de Aguas y ahora diputado federal, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades.
Cuando vimos venir el linchamiento sobre el denunciante, ni más ni menos convocado por varios de los rectores y directores de instituciones de educación superior, emergió el respaldo plural que luego se hizo movilización y protesta. Pero sobre todo, Unión Ciudadana es una apuesta por el derecho y por las instituciones en el momento más desesperanzador de nuestra Nación.
Para recordar ese y otros momentos vividos con arrojo en este primer año, un día antes, el viernes 27, varios de los integrantes que dimos origen a este movimiento realizamos un plantón frente al Palacio Estatal de Gobierno para exigir la actuación imparcial de la PGR y el ejercicio de la acción penal contra el gobernador de Chihuahua. Fue un acto simbólico que, pese a la pertinaz lluvia, volvió a mostrar la importante adhesión ciudadana que lo respalda y la unidad de los distintos liderazgos que lo encabezan.
Ha sido un año en el que se han puesto de relieve -como en ninguna otra época de nuestra entidad-, los signos del deterioro y la pudrición que corroe el momento actual. La lucha contra la corrupción de César Duarte nos ha colocado en la más compleja e importante batalla de nuestras vidas. Siempre ha sido una cuesta arriba porque, en los niveles y profundidad que ha alcanzado la corrupción política de Chihuahua, la pelea ha sido contra una extendida red de complicidades que atenaza a sectores y actores inimaginables, transversal a partidos políticos, que toca Iglesias, poderes, medios de comunicación y organismos empresariales.
Pelear en México contra la corrupción es, sin lugar a dudas, enfrentarse a las actuales estructuras sociales, económicas y políticas. De alguna manera es pelear contra el mundo.
Hay quienes reclaman de Unión Ciudadana una actividad más intensa y otros incluso que nos reprochan a nosotros la lentitud de las actuaciones ministeriales; quisieran vernos en todo el estado con una estructura permanente, y el despliegue de todo tipo de acciones. Pero la verdad es que este movimiento social y político de carácter plural, ha logrado muchísimo a pesar de la adversidad y las notables ausencias que lo merman en su eficacia para articular la organización social en contra de la corrupción y la impunidad. No digo que no lo vamos a lograr, por supuesto que lo veremos, pero tardará más tiempo del que supusimos.
Cuando hablo de la adversidad y las ausencias, me refiero al vacío que Unión Ciudadana ha enfrentado en la gran mayoría de los medios de comunicación -censura y ocultamiento-, la represión y violencia de los grupos de choque del gobernador, en los que ha usado delincuentes ligados al narcotráfico protegidos por el fiscal estatal Jorge Enrique Gonzalez Nicolás y, la falta de apoyo económico de quienes tienen muchas más posibilidades de hacerlo que nosotros, los líderes del movimiento que somos quienes hemos financiado en gran medida las acciones. Es cierto que hemos contado con generosidades excepcionales, pero son eso, excepciones.
El asunto no es menor en este recuento, porque lo más doloroso de la corrupción política del Duartismo es la manera en que arroyó a su paso sectores que podrían ser estratégicos en nuestro Estado para la causa en contra de su enriquecimiento ilícito. Uno de los grandes vencidos por la corriente corruptora ha sido el sector empresarial, mayoritariamente neutralizado por el tirano. Son varias las razones de la distancia de este sector otrora impulsor de la resistencia civil activa y pacífica contra el fraude electoral; por supuesto la pusilanimidad de algunos de sus liderazgos, pero también el acomodamiento a las formas fáciles de producir ganancias, la conveniencia de sus negocios en licitaciones a modo, asignaciones de contratos ventajosos, los privilegios de la proveeduría de bienes y servicios al gobierno, que ha extendido la corrupción al sector privado.
Entre el excepcional grupo de empresarios que se mantienen ajenos a esa descomposición, Duarte supo sembrar también la intriga, la tesis de que el movimiento servía a los propósitos electorales de algunos partidos, plataforma para la proyección de posibles candidatos a la gubernatura del Estado. Instrumento por excelencia de los tiranos y los corruptos, la intriga hizo lo suyo: El veneno de la insidia despertó en éstos desconfianzas absurdas y dio pretexto a mezquindades insospechadas que sólo la inquina engendra. Hasta ahora, muchos empresarios de Chihuahua son incapaces de comprender la trascendencia de un movimiento como el de Unión Ciudadana, lo que significará política, pero sobre todo culturalmente, triunfar sobre el más corrupto de cuantos gobernadores ha tenido Chihuahua, sumándolos incluso a todos.
Pero también hay que advertir el supuesto contrario, que nuestra lucha fracasara y no sólo refrende el PRI el gobierno estatal, sino que Duarte lograra evadir la acción de la justicia -o porque se fugue al término de su mandato o porque desde la presidencia de la República se decide protegerlo-, sería también una derrota no sólo política sino cultural de enormes dimensiones que mancharía a nuestra generación y sobre todo, que las siguientes generaciones no merecen porque institucionalizaría de manera brutal, despiadada, la impunidad como el cáncer que está destruyendo a la Nación y el Estado.
Frente a esa realidad, incomprensión y maledicencia, la Unión Ciudadana sigue firme en su propósito de que Duarte pague las consecuencias de su latrocinio y de su pésima actuación como gobernador. El momento que vive Chihuahua es el resultado de la doble tragedia que cayó sobre nosotros en estos años: La incapacidad y la corrupción juntas. El desdén por los problemas de la gente y el contraste de la voracidad insaciable de un hombre que no reconoció límite para amasar una fortuna personal en sólo cinco años, mezclando negocios y poder. El fideicomiso de 65 millones de pesos que Duarte formó con su esposa para hacerse el accionista mayoritario del Banco Unión Progreso, es sólo una parte de su acumulación, punta del iceberg de un incremento patrimonial sin explicación alguna.
De un estilo personal de gobernar que ha combinado los peores defectos que pueda desarrollar un político: mitómano, megalómano y faccioso, las estadísticas confirman la incompetencia que el ciudadano de a pie vive todos los días: Chihuahua es el estado más endeudado del país y su presupuesto está comprometido para los próximos 30 años.
En 2014 el estado fue la tercera entidad con mayor tasa de homicidio doloso. Ocupamos el quinto lugar a nivel nacional en materia de personas desaparecidas. Se trata de 1,663 personas. En la administración de Duarte aumentó 47% la pobreza extrema: de 2012 a 2014 la cantidad de pobres en condicione extremas se elevó en 64 mil habitantes, de modo que al concluir 2014 ya registraba en este rubro 200 mil personas debido a la falta de servicios básicos y carencias sociales como acceso a la educación, salud y alimentación, además de escasas oportunidades de desarrollo y empleo.
Somos la entidad más peligrosa para los defensores de los derechos humanos en todo el país, de 2010 a la fecha han sido asesinados 19 activistas. La desigualdad entre hombres y mujeres de Chihuahua es mayor al promedio nacional (.93), lo que ubica al estado en la posición 25. De 2010 a 2014 se han documentado 727 feminicidios, un promedio de 182 al año, 15 por mes, 4 a la semana; sin embargo es el único estado donde sigue sin ser tipificado el feminicidio.
De acuerdo a la CNDH, Chihuahua ocupa el primer lugar del país con el mayor número de casos de tortura. Ocupa también el Estado el lugar 25 en educación secundaria y el 22 en primaria entre las 32 entidades del país. El número 21 en profesionalización docente y 30 en participación de los padres en los procesos educativos. Es uno de los estados con más tráfico de personas en el país. Es destino, ruta y origen del delito. Además una de las zonas donde más sucede la explotación por parte de grupos de narcotráfico.
Es la anatomía de la incompetencia, pero es el rostro de la corrupción. Por supuesto que esto no puede, ni debe quedar impune. Y los cauces para esa lucha por supuesto que son políticos y jurídicos. La mayor sanción que una pandilla corrupta y corruptora puede recibir es echarla del poder, y todos los ciudadanos debiéramos aplicarnos en ello en las próximas elecciones. Pero está la otra apuesta, la denuncia penal presentada en la PGR y el arsenal de nuevos elementos con los que hemos contado.
Así lo hemos demostrado ante el Ministerio Público Federal y se lo hemos ratificado esta misma semana a la procuradora general de la República, Arely Gómez González, quien de inmediato aceptó reunirse y revisar nuestros planteamientos sobre las investigaciones y el curso de la indagatoria que se le sigue al gobernador de Chihuahua, en el voluminoso expediente que se integra por parte de la Unidad Especializada en delitos financieros.
Debo reconocer por cierto, que la reunión de trabajo que celebramos los dirigentes de Unión Ciudadana el miércoles pasado con ella, fue franca y fructífera. Invariable en su tono amable y directo, la procuradora ratificó su voluntad política de actuar con estricto apego al derecho, garantizar el acceso al expediente y reconocer la coadyuvancia de los abogados de Unión Ciudadana.
Giró instrucciones para que se facilite la revisión que nuestros abogados realizan del expediente de 93 tomos (más de 90,000 hojas) y fueron aceptadas varias de las diligencias complementarias que hemos formulado con motivo de esa revisión directa del expediente y que se formalizarán en los próximos días por escrito. También ratificamos nuestro convenio de confidencialidad en torno de las investigaciones y declaraciones recabadas por la agente del Ministerio Público, así como ampliar los hechos denunciados por otras conductas ilícitas del gobernador que son parte de su misma corrupción política.
Amables, todos muy respetuosos, expresamos nuestra absoluta convicción: de que impuestos e informados ya del conocimiento cabal del expediente, tenemos la certeza de que existen los elementos suficientes para proceder a la consignación de César Duarte. Como se recordará, Unión Ciudadana fue amparada por el juez sexto de distrito en materia penal del distrito federal para tener acceso al expediente y coadyuvar con las investigaciones, lo que nos ha permitido un conocimiento directo y tener esa certeza. La procuradora Arely Gómez ha respetado absolutamente esa decisión judicial. Nosotros iniciamos nuestro segundo año de lucha más firmes que nunca. Nuestra decisión es inquebrantable. Lo sabe el tirano.
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