La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dispone a resolver, el próximo 9 de abril, un amparo promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego que podría ratificar las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar información bancaria y patrimonial de 78 empresarios, incluido el propio Salinas. El proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía propone sobreseer el recurso y mantener vigentes las disposiciones legales que permiten a la UIF acceder a estos datos con el propósito declarado de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La solicitud de la UIF se remonta a diciembre de 2021, tras la filtración de los Pandora Papers, que mencionaron a Salinas Pliego y a otros 78 empresarios por supuestas operaciones con empresas offshore. La autoridad financiera argumenta que el acceso a las cuentas es una herramienta indispensable para supervisar posibles irregularidades y cumplir con estándares internacionales de transparencia. De aprobarse el proyecto, bastará una mayoría simple en la Corte para que la UIF continúe analizando movimientos bancarios sin necesidad de orden judicial previa en estos casos.
Sin embargo, el caso ha generado una fuerte polémica porque Salinas Pliego es uno de los críticos más visibles del gobierno de Morena y de sus antecesores. El empresario, propietario de Grupo Salinas, ha denunciado en reiteradas ocasiones lo que considera un uso político de las instituciones fiscales y financieras en su contra. Sus empresas mantienen litigios históricos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por adeudos millonarios que la Corte ya ha confirmado en otros amparos. Para sus defensores, la revisión solicitada por la UIF no es neutral, sino una medida con “dedicatoria” que busca intimidar a quienes cuestionan públicamente las políticas oficiales.
Desde una postura oficial, la medida representa un ejercicio legítimo de la responsabilidad del Estado en la lucha contra delitos financieros. Funcionarios de la UIF y legisladores de Morena sostienen que nadie, por poderoso que sea, debe estar exento de escrutinio cuando existen indicios de operaciones irregulares. Argumentan que limitar estas facultades debilitaría la capacidad del país para combatir flujos ilícitos y cumplir compromisos internacionales.
En el extremo opuesto, sectores empresariales, analistas opositores y el propio Salinas Pliego ven en esta acción una persecución selectiva. Consideran que la UIF aplica criterios diferenciados: mientras persigue con rigor a críticos del gobierno, otros casos de lavado vinculados a redes del crimen organizado han recibido tratamiento más discreto o coordinado con autoridades extranjeras. Esta percepción se alimenta del contexto político actual, marcado por tensiones entre el poder ejecutivo y ciertos grupos económicos que han expresado disidencia abierta.
El debate toca fibras sensibles de la democracia mexicana. Para unos, fortalecer la UIF es avanzar en la rendición de cuentas y la transparencia. Para otros, convertir a la inteligencia financiera en instrumento de presión política erosiona la confianza en las instituciones y desincentiva la inversión privada. La resolución de la SCJN no solo definirá el alcance de las facultades de la UIF, sino que enviará una señal clara sobre el equilibrio entre seguridad financiera y garantías individuales en un país donde la polarización sigue marcando el debate público.
