De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el costo de la corrupción en México es de 1.5 billones de pesos, un 10% del PIB. Mientras que de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción para 2013, Transparencia Internacional da a México una calificación reprobatoria de 34 puntos, lo que nos coloca en el lugar 106 de los 175 existentes en la lista, al mismo nivel de Nigeria, Bolivia y Argentina, por encima de Egipto e Irak, y por debajo de Perú, Colombia y Dinamarca, que ocupan el primer lugar.
Para nadie es desconocido que los mexicanos califican a la corrupción como uno de los principales males en nuestro país. No sólo en términos políticos, sino también empresariales, la corrupción se ha vuelto un malestar con el cual los ciudadanos tienen que lidiar a diario y al cual dedican un porcentaje considerable de su dinero. De acuerdo a las últimas cifras del Barómetro Global de la Corrupción 2013, los mexicanos destinan por familia el 14% de sus ingresos en sobornos para acelerar trámites o librar sanciones. En un círculo vicioso los mexicanos prefieren dar mordidas a esperar la entrega de un documento.
Según ese mismo estudio, cerca del 40% de los mexicanos entrevistados aceptó haber pagado una mordida en los últimos doce meses, lo que manifiesta que es un problema que también mantienen los ciudadanos. A esto se suma que las instituciones públicas son las que cuentan con la mayor desconfianza por parte de la población. El análisis señala que los mexicanos apuntan, con un 51%, a los partidos políticos y sus representantes como las instituciones más corruptas.
Así, la corrupción y sus efectos han sido durante las últimas décadas —por lo menos— el principal enemigo del progreso del país, y a pesar de que han sido ya varios los sexenios en los que se ha hablado de mecanismos para combatirla —los esfuerzos más visibles fueron durante la administración de Vicente Fox con la aprobación de la ley de Transparencia y Acceso a la Información, el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, así como los controles de confianza a policías con Felipe Calderón y la creación de una Comisión Anticorrupción con el Presidente Peña Nieto— sigue siendo un problema que afecta a la economía familiar y nacional de México.
La corrupción estanca procesos judiciales, acaba con empleos, sabotea el bolsillo de los mexicanos, desgasta los servicios públicos, desincentiva la inversión nacional y extranjera, y le resta credibilidad al esfuerzo común de mejorar el contexto actual del país. La falta de rendición de cuentas y un sistema que sancione efectivamente a los que faltan a la ley contribuye a este ambiente. Es por ello imperante que los esfuerzos para combatirla no cesen con la aprobación de una ley, la creación de un organismo o las buenas intenciones de la ciudadanía.
El combate a la corrupción debe ser constante y necesita del trabajo de todos: gobierno, partidos políticos, empresarios y ciudadanos. Hace unos días el PAN presentó su propuesta sobre la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema autónomo, ciudadano e integral de combate a la corrupción, una propuesta recoge las mejores prácticas a nivel internacional en este tema. La propuesta fue bien recibida por todos los partidos.
Consiste en un sistema con seis elementos centrales entre los que destacan un Comité Ciudadano para la Ética Pública que instale observatorios ciudadanos a lo largo del país, el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública en términos de auditorías, retirar la facultad de sanción a las contralorías que dependen de los presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República y finalmente la reproducción de este esquema a nivel estatal-municipal.
Ante los abrumadores datos que confirman que la corrupción es un problema sistemático e institucional en nuestro país, es necesario continuar y mejorar con el debate de este tema y considerar cualquier propuesta que minimice sus efectos.
Al margen: todos los días circulamos al lado de microbuses que no cuentan con verificación, contaminan y entorpecen el tráfico; no sólo eso somos testigos de cómo los choferes de estas unidades se pasan los altos, dan vueltas prohibidas e invaden el cruce peatonal poniendo en riesgo la vida de sus pasajeros y de otros automovilistas sin que ni un oficial de tránsito o policía se preocupe por detenerlos y sancionarlos.
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