El reporte de violencia política elaborado por Integralia, correspondiente al primer semestre de 2025, es contundente en un dato que resalta en el actual contexto político del país luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo: “La violencia fue más intensa a nivel municipal: la mayoría de las víctimas (79%) fueron figuras políticas, funcionarios, exfuncionarios o aspirantes a algún cargo a nivel municipal. Las organizaciones criminales priorizan el control municipal debido a su debilidad institucional y porque así controlan territorio, presupuestos y mercados”.
El reporte contabilizó los hechos que tuvieron lugar en los primeros 6 meses del año: “Ocurrieron 253 hechos de violencia política en el primer semestre de 2025, que incluyen 112 asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y seis correspondientes a otros delitos menores como robos en 29 de 32 entidades del país”.
Se trata de datos que nos llevan a preguntarnos si tiene remedio la seguridad pública en los municipios de México.
La pregunta resuena con crudeza ante hechos violentos como el asesinato del Carlos Manzo, el 2 de noviembre de 2025, durante las celebraciones del Día de Muertos, ha encendido las alarmas, en especial porque el alcalde públicamente exigía más recursos contra los cárteles.
Apenas semanas antes, el 19 de octubre, Bernardo Bravo, líder de productores limoneros, fue ejecutado en Apatzingán tras denunciar extorsiones de grupos criminales. Bravo, con escolta federal, se separó de su protección y fue hallado sin vida en su vehículo, un crimen que expone la fragilidad de las medidas estatales.
Estos no son casos aislados. Según el reporte de Integralia, el primer semestre de 2025 tuvo en Guerrero, Veracruz y Oaxaca los estados en donde se evidencio la letalidad del crimen organizado, pero Michoacán simboliza el colapso municipal: alcaldes y productores convertidos en blancos móviles de la impunidad.
La Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 de Claudia Sheinbaum promete «limpieza» de policías municipales y reducción de focos prioritarios de 50 a 10, pero el presupuesto 2025 ignora a los cuerpos locales, priorizando federales. Expertos ven oportunidades en la coordinación tripartita, pero riesgos en la subfinanciación y la infiltración criminal. Sin inversión en inteligencia local y justicia expedita, los municipios seguirán siendo trincheras perdidas. La sociedad civil clama: el remedio existe, pero exige voluntad política inquebrantable. ¿Responderá el gobierno, o Michoacán será el epitafio de una democracia asediada?
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