La licitación para construir y desplegar la red compartida podría quedar desierta, advirtieron analistas.
Esto debido a que las prebases de la licitación, publicadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) el 30 de octubre, dejan en entredicho el atractivo financiero del proyecto.
La Ley Federal de Telecomunicaciones establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) asignará directamente 90 de los 700 megahertz (MHz) de la banda para la conformación de una red compartida que lleve internet móvil al País.
Además de invertir 7 mil millones de dólares, los participantes deben demostrar tener 15 mil millones de pesos en activos, iniciar operaciones en el 2018 y cubrir para el 2023 entre el 85 y 95 por ciento de la población del País.
“El Gobierno no va a contribuir absolutamente en nada, salvo en dar el espectro a un precio accesible para el operador mayorista”, afirmó Jorge Bravo, director ejecutivo de la consultora Mediatelecom Policy and Law.
La Constitución señala que el ganador no podrá brindar servicios al usuario final, sólo vender capacidad a operadores tradicionales o a operadores móviles virtuales para llegar a zonas marginadas.
“Ya más de 100 millones de usuarios están con los operadores actuales, ¿pues cuántos les van a quedar a los que compren capacidad?”, cuestionó Bravo.
“No queda claro dónde está el negocio”.
Las prebases establecen la creación de un ente público que tendrá el título de concesión del espectro.
Este ente arrendará el espectro al ganador de la licitación, quien a su vez podrá subarrendarlo -figura que no está contemplada en la Constitución y que implica dividir los 90 MHz- o vender capacidad a los operadores.
“Es crear costos de transacción innecesarios”, consideró Irene Levy, presidenta de Observatel.
“Además, no da la certidumbre al desarrollador, quien tiene una concesión tiene un activo y lo que están haciendo aquí es quitarle ese activo al posible ganador”.
Por otro lado, las prebases establecen que los operadores nacionales pueden participar en la licitación sólo mediante consorcios y después de que el IFT verifique que no haya conflictos de interés.
“Lo más sencillo sería que entrara una firma extranjera con operaciones globales de manera individual, que no dé servicio en el País y no tenga ningún conflicto con ningún proveedor”, sostuvo Jesús Romo, especialista en telecomunicaciones.
Por lo pronto, la licitación fue pospuesta nuevamente por la SCT para el 29 de enero del 2016.
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