“El INE tiene un déficit de credibilidad pública”. La frase no es de un analista político, sino de quien encabeza esa institución: el jueves pasado Lorenzo Córdova la pronunció en el noticiario matutino de Carmen Aristegui.
En la sesión del miércoles previo, siete partidos dieron la espalda al árbitro; abandonaron la sesión del Consejo General y a la mesa sólo quedaron sentados PRI, PVEM y Panal.
El enojo surgió porque, en una votación dividida, este órgano pateó para otro momento una discusión considerada urgente: el abuso de recursos públicos ligados a la política social para manipular la elección.
Sin embargo este asunto fue sólo la gota que derramó el vaso; según los representantes de los partidos agraviados, una mayoría de consejeros ha producido una hilada larga de decisiones para beneficiar al Revolucionario Institucional y sus aliados.
Con ello, el INE ha perdido capacidad para ser imparcial y por eso ha extraviado credibilidad pública.
Los partidos denuncian el control que cinco consejeros electorales han logrado sobre las decisiones del INE y por tanto reclaman el desequilibrio en la competencia por las urnas.
Sus argumentos son varios: los intentos para integrar los órganos en los estados con militantes priístas disfrazados de árbitro electoral.
El retraso en el nombramiento del funcionario responsable de fiscalizar los recursos de los partidos. Todavía despacha como encargado de esa oficina el mismo sujeto que encubrió el Monexgate.
Acusan también la impunidad que el INE, junto con el Tribunal Electoral, presuntamente le ha entregado al Partido Verde, una fuerza política dedicada a engañar con publicidad tramposa; el mismo que ha logrado burlar las sanciones impuestas por la ley.
Aseguran además que la Secretaría Ejecutiva del INE atiende los reclamos de los partidos inconformes con lentitud y deficiencia, y que el órgano de ese instituto, encargado de recibir y procesar quejas, está igualmente secuestrado por el PRI.
Para que sus argumentos se escuchen con fuerza, los siete partidos denunciantes amenazan con no sentarse de nuevo a la mesa hasta que las cosas cambien.
Si esta determinación se confirma, a partir del próximo 25 de febrero —día en que debe celebrarse la siguiente sesión del Consejo General— la crisis de la democracia mexicana será un hecho difícil de ocultar.
Lo que tantos temieron con el triunfo de Enrique Peña Nieto terminará como profecía cumplida: el derrumbe de la pluralidad política.
Hoy parece que la sustitución del IFE por el INE tuvo como propósito el retroceso. Por lo pronto, el nuevo marco legal está permitiendo que el PRI controle de nuevo al árbitro.
Pero este mal no sólo está tocando a la puerta de la autoridad electoral; la amenaza también ronda a la Suprema Corte, el IFAI, el Coneval y la Auditoría Superior de la Federación, entre otras instituciones que son patrimonio reciente del avance civilizatorio mexicano.
Sorprende la debilidad de la sociedad para resistir las pulsiones autoritarias, y todavía peor, la complicidad de tantos individuos que son ya instrumento de la regresión.
Sin embargo, no todo está perdido. En el tema electoral queda algo de esperanza cuando es precisamente el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, quien desde la minoría, pero sin concesiones, ha denunciando la situación.
ZOOM: Cuando el animal se siente herido o aturdido privilegia sus instintos más primarios. Acaso por ello el gobierno nacional ha dado rienda suelta a sus instintos más priístas.
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