Si México fuera la UNAM

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La UNAM tiene más de 300 mil estudiantes, casi 40 mil académicos y otros miles con cargos administrativos. La UNAM es más grande en población que 2 mil 388 municipios y delegaciones del total de 2 mil 440 que hay en la República Mexicana. A los mexicanos se nos reconoció el derecho de acceder a las telecomunicaciones dentro del capítulo de Derechos Humanos de la Constitución. Pero ¿qué pasaría si todo México estuviera a cargo de las autoridades de la UNAM? No habría servicio de celular de manera generalizada, porque a los concesionarios de telecomunicaciones se les impide el despliegue de infraestructura.

Si se toma como ejemplo Ciudad Universitaria, donde existen zonas que son verdaderos hoyos negros, sin cobertura de celular, lo que facilita la comisión de delitos donde las víctimas quedan desprovistas de la comunicación móvil por una sola razón: negligencia de las autoridades universitarias. Casos documentados han sido del conocimiento de la Oficina del Abogado General, a cargo del licenciado Luis Raúl González Pérez, hoy candidato a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ni con toda la amabilidad de su equipo se ha logrado que las empresas de telefonía móvil, después de años de trámites, instalen radiobases, lo cual genera afectación a los derechos humanos en CU. Nos encantaría a los usuarios poder reclamarles a nuestros proveedores de celular, pero en este caso no es su culpa. Por acción u omisión de las autoridades de la UNAM se permite que CU sea tierra de nadie. Pero si en la UNAM, que está cerca del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pasa eso, ¿qué podemos esperar del resto del País?

La Constitución señala que son facultades de los municipios, "en los términos de las leyes federales y estatales relativas", expedir los planes de desarrollo urbano municipal, autorizar los usos de suelo y otorgar licencias para construcción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo entre Culiacán y Nextel estableció que aun cuando sea el municipio el facultado en planes de desarrollo urbano, debe tomar en cuenta las necesidades de los operadores de telefonía (AR 681/2011, 2ª Sala).

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No siempre los concesionarios son víctimas, está el caso de una empresa que a pesar de carecer de la autorización de uso de suelo, instaló su radiobase y la echó a andar. La delegación al ver eso, clausuró la radiobase y ordenó su desmantelamiento. Inmediatamente, el concesionario, bajo el argumento de prestar un servicio público, buscó el amparo. El tribunal negó la razón al concesionario por "saltarse las trancas". ¿Sería este asunto uno de los que motivó el conato de iniciativa a presentarse en la Asamblea Legislativa del DF que criminalizaba la instalación de antenas?

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en nada contribuyó a resolver la problemática del despliegue de red por una redacción confusa: "Se considera de interés y utilidad públicos la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura destinada al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, las cuales estarán sujetas exclusivamente a los poderes federales, en sus respectivos ámbitos de atribuciones, debiendo respetarse las disposiciones estatales, municipales y del Distrito Federal que resulten aplicables en materia de desarrollo urbano. (…) En ningún caso se podrá restringir la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para la prestación de los servicios públicos que regula esta Ley". Por fin, ¿puede o no una autoridad municipal restringir la instalación de infraestructura cuando violente un plan de desarrollo municipal, el uso de suelo u omitan obtener la licencia de construcción?

En cambio, en Chile, para atender las preocupaciones ciudadanas y dar certidumbre a las empresas de telecomunicaciones, se expidió la Ley de Antenas, exigiendo que existan estudios previos a la instalación de torres/antenas, que se comparta infraestructura y se reduzca el impacto visual, al tiempo de obligar a informar a los vecinos antes de su construcción. Además, en una página de internet cualquiera puede ver qué antenas están en servicio y el nivel de saturación de la infraestructura. En México, el IFT debiera elaborar para referencia de municipios un marco de condiciones a exigir a los operadores, y así reducir el obstáculo al despliegue de red por ignorancia, negligencia y/o corrupción.

Cajón de sastre. La mala noticia es que el Canal del Congreso perdió a quien logró transformarlo positivamente, Leticia Salas Torres; la buena es que como parte del IFT contribuirá con todo su talento en la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales. Enhorabuena.


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