Sí a la reforma del DF, no a costa de los estados

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Es momento de alzar la voz en defensa del federalismo, pues año con año disminuye el presupuesto para las entidades y los municipios a causa de la inequitativa Ley de Coordinación Fiscal

Como senador por el estado de Jalisco, entendería que las maltratadas y ninguneadas entidades federativas votaran contra la pretendida reforma política del Distrito Federal. Si se mira detenidamente, no estamos hablando solo de la transformación de una Asamblea Legislativa en Congreso local ni de una mayor autonomía o un cambio cosmético de nombre; mucho menos de la simple eliminación de las delegaciones políticas por la creación de demarcaciones territoriales. En el fondo, estamos ante una autonomía inédita, debido a que el gobierno federal mantendrá la responsabilidad de financiar la educación y los servicios de salud de la Ciudad de México, lo que resulta inequitativo porque ningún otro estado del país recibe un trato similar y son rubros en los que muchos estados asignan gran parte de su presupuesto. Hay estados como Baja California, que invierten hasta 62 por ciento de su ingreso total en educación, o Jalisco, cerca de 50 por ciento, mientras el Distrito Federal nada.

Por otro lado, conviene recordar que en la legislatura pasada fue aprobado el Fondo de Capitalidad. Este fondo implica mayor presupuesto por los servicios que presta la Ciudad de México al ser la capital del país. Con esto, el Distrito Federal tiene acceso al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que administra la Federación. De tal suerte que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2016, el aprobado Fondo de Capitalidad tendrá un monto de 4 mil millones de pesos, además de los 150 millones para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Esa fue una de las razones de mayor peso en el cabildeo de esta reforma, el aumento de los ingresos de la entidad. El Distrito Federal sería responsable de determinar su techo de endeudamiento y recibiría, por ley, el Fondo de Capitalidad sin necesidad de negociarlo en el Congreso. Asimismo, recibiría recursos adicionales de la Federación, por ejemplo, 31 mil millones de pesos para financiar la educación básica.

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Con esta reforma, la Ciudad de México podrá acceder a los fondos, recursos, ramos y programas como las demás entidades federativas, por lo que la ya limitada bolsa de recursos a la que pueden acceder los gobiernos de los estados del país se verá considerablemente reducida; no perdamos de vista que el todavía Distrito Federal es el segundo lugar en número de legisladores locales y federales, mismos que estarán pugnando en el Presupuesto de Egresos por seguir dando un trato preferencial a esta nueva demarcación.

Estamos ante una reforma a la Constitución que ha sido enviada a los estados de la República, de acuerdo a lo establecido en el artículo 135 de nuestra carta magna para lograr su aprobación por la mayoría de las legislaturas locales. En lo personal, espero que por el bien de nuestro federalismo esta reforma sea rechazada por los congresos locales.

Por ello, y junto a dos compañeros senadores de Baja California, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, estamos haciendo llegar a los congresos locales una carta en la que explicamos los motivos por los que consideramos, como senadores de la República, representantes del Pacto Federal y conscientes de la responsabilidad que tenemos con las entidades federativas y sus municipios, que dicha reforma debe ser rechazada.

Creemos que es momento de alzar la voz desde los estados en defensa del federalismo, pues año con año no solo vemos disminuido el presupuesto para estados y municipios a causa de la inequitativa Ley de Coordinación Fiscal, sino que entre todos los mexicanos pagamos la educación y la salud de los habitantes de la Ciudad de México, y ahora también le otorgaremos un Fondo de Capitalidad para ejercerlo discrecionalmente, y la oportunidad de acceder a los pocos recursos a que tienen derecho los estados de la República.

En medio del debate, el compañero legislador Federico Döring Casar, aseguró que los legisladores panistas que participen en el Congreso Constituyente que implicaría esta reforma, asumirán un «discurso federalista como prioridad y fortalecimiento de las delegaciones». Ese es el problema, que asumirán sólo un discurso federalista. Me pregunto cómo habría votado nuestro compañero senador Alonso Lujambio, destacado estudioso de esa tensión entre presidencialismo mayoritario y excluyente, y federalismo consensual e inclusivo en la transición mexicana a la democracia. Seguramente habría firmado nuestra carta y se habría sumado a la causa.

Lamento que con esta reforma política del Distrito Federal, ese protagonista de la transición mexicana en el federalismo que había sido el PAN, dé un viraje al pragmatismo centralista y deje de lado lo planteado en la plataforma legislativa actual que, en el apartado «Reforma del estado y federalismo» sostiene lo siguiente: «Es preciso revisar las tareas pendientes para alcanzar un federalismo que promueva mejores niveles de vida en todos los rincones del país y asumir desde el Congreso la promoción de reformas de gran alcance (…) resulta indispensable defender los valores municipalistas de nuestra historia, que han recibido un ataque frontal con la iniciativa de reformas constitucionales presentadas por el titular del Ejecutivo». En relación a la reforma que estamos comentando señala en el punto 1.15: Concretar la Reforma Política del Distrito Federal a efecto de concluir el proceso de transformación de su organización política desde una perspectiva democrática y federalista, generando equilibrio entre los órganos locales, reduciendo las facultades que ejerce el Órgano de Gobierno y estableciendo a los gobiernos delegacionales como un orden de gobierno local».

Insisto, considero que esta reforma debe ser votada en contra, no sin estar de acuerdo con el reconocimiento de una autonomía política para la Ciudad de México, pero con equidad al resto de los estados que participan en el pacto federal. O como dice el PAN en su plataforma legislativa vigente: «desde una perspectiva democrática y federalista». La pretendida eforma debe ser replanteada en función de derechos políticos y no sólo de aparentes derechos presupuestales.


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