Las comisiones unidas de Anticorrupción, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado llegaron a los primeros acuerdos para el dictamen de la Ley Federal de Transparencia, en el cual destacan nuevas obligaciones para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los senadores atendieron una recomendación del Inai para que los créditos fiscales condonados o cancelados por el SAT se hagan públicos.
Esto será desglosado por nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos vinculados con los datos de identificación de los contribuyentes.
Desde hace más de dos años el entonces el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai ahora Inai) ha sostenido una lucha legal con el SAT por no hacer pública la lista de beneficiados por la cancelación de créditos fiscales.
De acuerdo con el dictamen —que cuenta con el consenso de los grupos parlamentarios—, se mantiene, al igual que en la ley general, que no se podrá considerar como información reservada cuando se trate de violaciones graves de los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o información relacionada con actos de corrupción.
Sin embargo, quedó fuera del dictamen que el Inai tuviera “primera vista” y pudiera resolver casos de apertura de información en casos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, antes de la que la CNDH se hubiera pronunciado.
En las nuevas disposiciones de transparencia, ahora las Fuerzas Armadas deberán publicar las estadísticas sobre indultos, juicios en trámite, resoluciones ejecutorias, por delito, por grado de los sentenciados, por año y sentencias cumplidas, y la estadística de las licencias de armas de fuego por tipo.
El Poder Judicial deberá hacer públicos los procedimientos de designación de jueces y magistrados mediante concurso de oposición: la convocatoria, el registro de aspirantes, la lista de candidatos aceptados, la lista de los prospectos que avanzan cada una de las etapas, el resultado de las evaluaciones de cada etapa protegiendo, en su caso, los datos personales de los aspirantes y la lista de vencedores.
Mientras que los sujetos obligados del Poder Legislativo deberán informar sobre el monto de los recursos financieros recibidos por los representantes en lo individual por concepto de dietas, bonos, apoyos extraordinarios, ayudas para informes legislativos, compensaciones y gastos de gestión, así como las erogaciones para viajes, viáticos y desembolsos por representación de los legisladores y sus acompañantes.
Pablo Escudero (PVEM), presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, expresó que “la propuesta contempla las funciones de del Inai, como órgano constitucional autónomo, así como obligaciones específicas de los sujetos obligados como las Fuerzas Armadas, en política exterior, medio ambiente, energía y telecomunicaciones”, entre otras.
Aseguró que será sometida a discusión y votación con el fin de darle trámite de primera lectura y pueda ser votada en el pleno. Sin embargo, no descartó que haya “ajustes” o modificaciones. La discusión en comisiones se prevé para el próximo martes.
Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, aseguró que las principales aportaciones son las obligaciones a cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal.
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