El balance general de la gestión en seguridad pública es claramente negativo, a pesar de que se reconocen algunos resultados positivos. La seguridad es uno de los principales problemas que enfrenta México, y esta situación se ha venido agravando desde hace casi veinte años. De hecho, la inseguridad ha sido considerada la principal preocupación por más del 55% de la ciudadanía mexicana desde hace al menos una década, según la ENVIPE.
En este tema destacan varios puntos para llegar a esta conclusión:
- El sexenio 2018-2024 finalizó como el más violento de la historia de México, registrando cerca de 200 mil asesinatos. Si bien los homicidios dolosos se mantuvieron «estables» en cifras absolutas durante este periodo, la cifra sigue siendo alarmante. Otros delitos, como las desapariciones y las extorsiones, aumentaron en gran medida. Las carpetas de investigación por delitos de alto impacto social a nivel nacional también muestran un incremento en comparación con sexenios anteriores.
- Los índices de impunidad no se han reducido, superando el 90%.
- El país quedó con menos capacidades institucionales en materia de seguridad pública y justicia. La consolidación de la militarización de la seguridad pública como política de Estado estuvo acompañada del abandono del fortalecimiento material y operativo de las policías locales y del sistema de procuración y administración de justicia, así como del sistema carcelario.
- Las crisis y coyunturas críticas a lo largo del sexenio evidenciaron las pocas capacidades políticas e institucionales del Estado mexicano para responder al crimen organizado. Se identificaron bajas capacidades estratégicas y de inteligencia para neutralizar a los generadores de violencia y controladores de territorios.
- Existe una falta de una visión sistémica sobre la seguridad y la justicia. Las estrategias de seguridad y justicia actúan de manera desarticulada, sin una política criminal integral.
- El análisis del gasto en seguridad pública revela deficiencias estructurales que limitan la efectividad de las políticas. El gasto como porcentaje del PIB está significativamente por debajo del promedio de los países de la OCDE y de otros países latinoamericanos. Además, la mayor parte de los recursos se destina al combate al crimen en lugar de la prevención del delito, mostrando una falta de enfoque integral y preventivo.
- La coordinación entre niveles de gobierno parece un intento de recentralización de decisiones, lo cual puede ser costoso al limitar la innovación local en materia de seguridad pública.
Aunque la nueva administración ha iniciado con una estrategia que se diferencia de la anterior «fallida política de seguridad», basada en el mando civil y el uso de la inteligencia, México aún se encuentra inmerso en una crisis de violencia de los grupos delincuenciales, principalmente en entidades como Sinaloa, Guerrero y Tabasco. El balance de lo realizado hasta ahora es negativo.
El crimen organizado
La principal amenaza para México en el ámbito de la seguridad pública puede entenderse como la combinación de la fortaleza, expansión y cooptación de los grupos criminales con la persistente debilidad, ineficacia y desarticulación de las instituciones del Estado mexicano encargadas de la seguridad y la justicia.
Aunque la inseguridad es percibida por más del 55% de la ciudadanía como el principal problema del país desde hace al menos una década, las fuentes detallan los componentes de esta crisis:
- Altos niveles de violencia y delitos específicos: El sexenio 2018-2024 fue el más violento de la historia de México, con cerca de 200 mil asesinatos. Si bien los homicidios dolosos se mantuvieron en cifras absolutas alarmantes, otros delitos como las desapariciones (superando las 100 mil personas para mayo de 2022) y las extorsiones aumentaron «en gran medida».
- Impunidad generalizada: Los índices de impunidad se mantienen «sumamente altos», superando el 90% y sin haberse reducido. La cifra negra de delitos no denunciados ha estado por encima del 90% desde 2010. Esta impunidad, a menudo atribuida a la desconfianza o deficiencias de las autoridades, permite la operación y expansión del crimen.
- Debilidad institucional y falta de articulación: Existe una falta de visión sistémica y una política criminal integral, lo que lleva a que las estrategias de seguridad y justicia actúen de manera desarticulada. El país quedó con menos capacidades institucionales en seguridad pública y justicia, debido al abandono del fortalecimiento de las policías locales, el sistema de procuración y administración de justicia, y el sistema carcelario. Las policías estatales y municipales enfrentan retos significativos como la corrupción y la falta de estándares.
- Limitadas capacidades del Estado frente al crimen organizado: Las crisis y coyunturas críticas evidenciaron las «pocas capacidades políticas e institucionales» del Estado mexicano para responder al crimen organizado. Se identificaron bajas capacidades estratégicas y de inteligencia para neutralizar a los generadores de violencia. La cooptación de funcionarios de «altas esferas» por organizaciones criminales también limita la efectividad de las políticas.
- Militarización como política fallida: La consolidación de la militarización de la seguridad pública fue la principal política del sexenio anterior. Las fuentes la describen como un modelo «probadamente fracasado» que ha implicado riesgos de abusos a los derechos humanos. A pesar del fortalecimiento operativo de la Guardia Nacional, su incidencia en la reducción del homicidio doloso a nivel subnacional se considera irrelevante.
En esencia, la amenaza principal surge de un Estado con instituciones de seguridad y justicia debilitadas y desarticuladas, un alto índice de impunidad que desincentiva la denuncia y la acción legal, y una política de seguridad (militarización) que no ha resuelto el problema, enfrentándose a grupos criminales que han fortalecido su control territorial y tienen capacidad de influir en la política y cooptar autoridades. La nueva administración busca diferenciarse con un enfoque más basado en inteligencia y mando civil, pero el desafío de la crisis de violencia generada por los grupos delincuenciales persiste.
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