Desde el primer momento pusimos en duda la versión interesada y maniquea de que en Tlatlaya se había cometido una ejecución extrajudicial —contra integrantes de una banda criminal—, por parte de militares.
¿Y por qué dudamos de la versión?
Primero, porque quienes la inventaron y la hicieron crecer a través de amigos en medios tienen antecedentes de mentirosos y de convertir los derechos humanos en un negocio personal.
Y, segundo, porque aplicamos la fórmula elemental del reporteo. Acudimos al lugar, hablamos con testigos, especialistas forenses, militares, autoridades y con una de las mujeres implicadas que, a cada palabra, cambiaba la versión.
Por eso, concluimos que en Tlatlaya asistimos a un invento mediático en el que participaron manos políticas, periodísticas y defensoras de derechos humanos. Y el objetivo de la patraña era el descrédito institucional —de la Sedena—, y el negocio personal de obtener dinero público para los criminales —a los que convierten en víctimas—, y para las mafias de derechos humanos.
Y al atrevernos a denunciar la patraña y el engaño —lo cual es y era políticamente incorrecto—, reputados académicos, vividores de derechos humanos y periodistas nos insultaron, difamaron y calumniaron.
Hoy, un juez absolvió de los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación de la escena criminal, a Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, militares que, junto con otros cuatro ya absueltos, arriesgaron la vida para acabar con un grupo criminal. En respuesta al cumplimiento del deber, una perversión política y social trató de convertirlos en criminales. ¿Quién limpiará el nombre de esos militares?
Como recuerdan, el 30 de junio de 2014, militares acudieron a San Pedro de Los Limones, Tlatlaya, para responder una denuncia sobre presencia de un grupo armado. Al llegar al lugar, los criminales recibieron a balazos a los militares, quienes respondieron el fuego y acabaron con los agresores.
Luego vino el invento mediático. Sin pruebas y con ayuda de académicos, intelectuales y periodistas, organizaciones como el Centro ProDH —propiedad de Emilio Álvarez Icaza— inventaron una ejecución extrajudicial.
La idea era convertir a los criminales en víctimas y a los militares en criminales, para obtener dinero público, al amparo de la Ley de Víctimas.
Pero la justicia civil tiró el teatro. ¿Que dirán hoy los inventores y sus jaurías babeantes?¡Calladitos los que difamaron y calumniaron!
Al tiempo.
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