La Secretaría del Bienestar informó que 13.7 millones de adultos mayores cobraron su pensión. El Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que en el país hay 12.2 millones de personas de esa edad, y el INEGI, en su encuesta intercensal, registró 13,194,535. Tres cifras oficiales para un mismo universo no pueden ser todas correctas, y la diferencia no es menor.
Una brecha que pide explicación
Frente a la proyección de Conapo, el padrón de beneficiarios excede en cerca de 1.5 millones de personas, un 12% más. Frente al conteo del INEGI, el excedente ronda las 505 mil personas. Es decir, el programa dice pagar a más adultos mayores de los que, según dos instituciones técnicas, existen. Esa aritmética no prueba por sí sola un fraude, pero convierte la sospecha en una pregunta legítima que alguien debe responder con documentos.
Lo que podría explicar la diferencia
Conviene ser rigurosos. Las cifras no siempre son comparables: pueden variar el umbral de edad considerado, la fecha de corte, el método de proyección demográfica y la incorporación gradual de nuevos grupos al programa. Una encuesta intercensal es una estimación muestral con su propio margen de error, y las proyecciones de Conapo se ajustan con el tiempo. Si estas diferencias metodológicas explican la brecha, el gobierno tiene a su alcance la manera de demostrarlo: publicar la conciliación entre su padrón y las fuentes demográficas.
La hipótesis que nadie descarta
Del otro lado están las explicaciones que preocupan. Registros duplicados, errores de captura, beneficiarios fallecidos que siguen cobrando, uso con fines electorales o desvío de recursos. Ninguna está demostrada en el material disponible, y sería irresponsable darla por cierta. Pero tampoco ha sido descartada, y esa es la fricción central: quien administra uno de los programas sociales más grandes y costosos del país tiene la obligación de demostrar que su padrón es limpio, no de esperar a que otros prueben lo contrario.
La respuesta que no llega
Las denuncias existen y el gobierno federal no ha ofrecido una aclaración detallada. Un programa de esta magnitud, con efectos directos sobre millones de hogares y sobre la competencia electoral, debería ser el más transparente del aparato público. Cuando la respuesta es el silencio o el desdén, la duda se alimenta sola.
Hay además una tensión política evidente. El oficialismo ha construido buena parte de su legitimidad sobre estas transferencias, presentadas como un derecho y no como una dádiva. Precisamente por eso, cualquier sospecha sobre el padrón compromete algo más que una cifra: pone en juego la credibilidad del pilar más visible del proyecto.
Posturas en tensión
El gobierno puede argumentar con razón que la pensión universal ha reducido la pobreza en la vejez y que la mayoría de los beneficiarios son personas que la necesitan y merecen. También puede sostener que auditar sin pausa un programa de pago directo obstaculiza su operación, y que las diferencias entre fuentes demográficas son habituales.
Los críticos responden que la universalidad no exime de verificar, y que defender la finalidad social del programa no equivale a demostrar la integridad de su padrón. Ambas cosas son compatibles: un programa puede ser justo en su propósito y deficiente en su control. Defender uno no obliga a callar sobre lo otro.
El costo de no aclarar
El presupuesto destinado a la pensión es de los mayores del gasto social. En una economía con recursos acotados, cada peso pagado a un registro indebido es un peso que no llega a otro rubro ni a otro beneficiario real. La opacidad, además, desalienta la inversión y la confianza de quienes siguen el gasto público con lupa, especialmente en un contexto de restricciones fiscales.
Una salida posible
La solución es técnica antes que política. Publicar el padrón depurado con datos protegidos, cruzarlo con el registro de defunciones y con el Registro Nacional de Población, permitir auditorías independientes y explicar la conciliación con las cifras de Conapo y del INEGI. Nada de esto cuestiona el derecho de los adultos mayores a la pensión; al contrario, lo protege.
La pregunta no es si el programa debe existir, sino si sus números resisten una revisión abierta. Mientras el gobierno no lo demuestre, la diferencia entre 12.2 y 13.7 millones seguirá siendo un expediente abierto.
