El 97 por ciento del gasto que ejercen los ramos autónomos del País, que incluye a los poderes Legislativo y Judicial, se realiza en la opacidad, ya que no se sabe si es aplicada correctamente.
De acuerdo con especialistas, el problema de opacidad en los ramos autónomos se genera porque éstos no presentan sus indicadores de resultados ni su medición de desempeño ante la Secretaría de Hacienda.
“Las mejores prácticas de transparencia nos dicen claramente que todos los ramos, sin importar si son autónomos, deberían someterse a una evaluación y así determinar si son o no efectivos.
“Son muchos recursos públicos que se están gastando sin saber si son eficientes o no”, aseguró Diego de la Mora, director del área de presupuesto de Fundar.
Aunque utilizan dinero público, diputados, senadores, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros, no emplean ninguno de los indicadores oficiales para medir el desempeño de su gasto.
Para este año, todos los organismos autónomos tienen 69 programas presupuestarios que, en conjunto, suman recursos públicos por 87 mil 192 millones de pesos.
Sin embargo, únicamente 3 mil 42 millones de pesos, 3 por ciento del total, están evaluados por la Secretaría de Hacienda y su desempeño e impacto en los ciudadanos es analizado.
En contraste, las secretarías de Estado tienen registrados 595 programas públicos con indicadores, que en total representan un gasto superior a 1.1 billones de pesos, y todos cuentan con evaluación de desempeño.
Las empresas productivas del Estado, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), registran 48 programas presupuestarios para 2015, de los cuales 85 por ciento está evaluado.
Las secretarías, las entidades de control directo y las empresas productivas del Estado registran ante la SHCP una serie de indicadores, objetivos y metas para que la dependencia pueda evaluar la manera en que gastan.
Dichas evaluaciones son públicas y permiten seguirle el rastro al dinero de los mexicanos para determinar si efectivamente se está beneficiando a la población.
“Una de las más grandes broncas que se tienen es que los ramos autónomos son tan autónomos que se andan por la libre en cuestión de gasto”, señaló Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Explicó que los órganos autónomos están obligados a presentar sus reportes de gasto, aunque no necesariamente los indicadores para evaluar si lo que hacen está bien hecho o no.
En ninguna parte de los reglamentos de algunos de los órganos autónomos se detallan las medidas de evaluación al gasto.
Villarreal aseguró también que, aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede revisar el ejercicio del dinero que utilizan, no está facultada para determinar o evaluar el impacto de esos recursos.
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