El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara, emitió una resolución que blindará a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) contra alguna posible acusación (penal o administrativa), derivadas de la realización de la consulta de revocación de mandato en abril próximo.
El ministro notificó este 02 de febrero una modificación a la suspensión que se había decretado el 10 de diciembre de 2021 a solicitud del Consejo General del INE y servirá para que se organice el procedimiento de revocación de mandato “de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado”.
Es decir, la Corte ordenó al INE organizar la consulta de revocación con los mil 503 millones de pesos que tiene disponibles, es decir, con un número más reducido de casillas, para cubrir a menos de las 161 mil que ordena la Ley Federal de Revocación de Mandato, sin que por ello, sean sujetos de alguna responsabilidad penal o administrativa.
El ministro González Alcántara Carrancá señaló que de esta forma no será posible “ejecutar la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto”.
Y es una medida de reacción ante la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de otorgar recursos adicionales al INE, tal como había mandatado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Hacienda simplemente informó que no le daría un peso más al INE, de lo que ya tiene asignado.
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