La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, atraviesa un momento de creciente rechazo ciudadano que se manifiesta en encuestas y eventos públicos. Diversas mediciones de opinión realizadas entre finales de 2025 y principios de 2026 la ubican consistentemente entre los mandatarios estatales con menor aprobación a nivel nacional. Estudios de Mitofsky, Algoritmo, FactoMétrica y SRC la colocan en posiciones bajas, con cifras de aprobación que oscilan entre el 28% y el 51%, según la consultora y el periodo medido. En temas clave como administración de recursos y seguridad, los porcentajes caen aún más, con evaluaciones negativas que superan el 50% en varias encuestas locales.
Uno de los episodios más visibles ocurrió el 22 de abril de 2026 durante la inauguración de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol en el estadio Nelson Barrera Romellón. Al ser presentada como invitada especial, Sansores recibió una sonora rechifla y gritos de “¡fuera!” por parte de la afición. Videos del momento circularon ampliamente en redes sociales, mientras el equipo local optó por no difundir imágenes de la ceremonia. Este rechazo en un evento deportivo, tradicionalmente ajeno a la política, refleja el desencanto de sectores amplios de la población. Defensores de la gobernadora han atribuido el incidente a provocaciones aisladas o a grupos opositores organizados, mientras que críticos lo interpretan como expresión genuina de hartazgo ciudadano ante problemas acumulados.
El análisis de su gestión revela posturas encontradas. Por un lado, sus simpatizantes destacan el impulso a programas sociales, la continuidad de la agenda de la Cuarta Transformación y avances en ciertos indicadores de seguridad que, según el gobierno estatal, mantienen a Campeche entre las entidades más seguras del país. Sus opositores, en cambio, cuestionan el manejo de recursos públicos, el aumento de la deuda y la lentitud en resolver rezagos en servicios básicos, especialmente en municipios como Carmen.
Un elemento recurrente en el debate es la acumulación de conflictos. La administración ha enfrentado acusaciones de censura a medios críticos, cierre de periódicos impresos y denuncias judiciales contra periodistas y opositores. También se registraron tensiones internas en Morena, con diputados locales que rompieron con la gobernadora tras rechazar un crédito solicitado por el Ejecutivo. Casos como la detención del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche o sanciones por presunta violencia política de género han polarizado aún más el panorama.
Desde una perspectiva imparcial, estos hechos ilustran cómo el ejercicio del poder genera tanto adhesiones como rechazos. La baja aprobación no equivale necesariamente al fin de un proyecto político, pero sí señala la erosión de capital social y la necesidad de corregir rumbos. En democracia, los mandatarios deben asumir la responsabilidad de sus decisiones y responder ante la ciudadanía, no solo en urnas futuras, sino en la gestión cotidiana. El caso de Campeche evidencia que la polarización y los enfrentamientos con diversos actores terminan cobrando factura en la percepción pública.
Si bien Morena mantiene fuerza electoral en el estado, el desgaste de la figura gobernadora plantea interrogantes sobre el futuro inmediato. La capacidad de rectificar o de profundizar en el conflicto definirá si estos errores se convierten en un punto de inflexión o en un lastre persistente.
