Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 desenmascara el discurso triunfalista del gobierno sobre el sistema de salud. Mientras el oficialismo presume avances hacia una cobertura universal, los datos revelan una verdad incómoda: 6 de cada 10 mexicanos recurren a farmacias o servicios privados para atender sus necesidades de salud, y el gasto de bolsillo en este rubro creció un 7.9% en términos reales entre 2022 y 2024, alcanzando un promedio de $6,421 anuales por hogar. Este incremento, que en los hogares más pobres llega hasta un 23%, evidencia que la población está asumiendo un peso financiero cada vez mayor para acceder a servicios básicos.
El informe destaca que, aunque el 63.4% de los mexicanos está afiliado a un sistema público de salud como el IMSS o el ISSSTE, la atención efectiva brilla por su ausencia. Solo el 45.9% de los afiliados al IMSS y el 40% al IMSS-Bienestar reciben atención en sus instituciones; el resto termina en consultorios privados o farmacias, donde los medicamentos representan el 38% del gasto en salud, y hasta el 50% en los hogares de menores ingresos. Esto no solo refleja la insuficiencia de los servicios públicos, sino también la falta de medicamentos, un problema crónico que empuja a los más vulnerables a gastar lo que no tienen.
Más alarmante aún es el panorama para los hogares de menores ingresos. En el decil más pobre, 9,651 hogares más enfrentaron gastos catastróficos en salud (superando el 30% de su gasto total) y 10,459 cayeron en gastos empobrecedores entre 2022 y 2024. Esto contrasta con la reducción general de estos indicadores a nivel nacional, lo que subraya una desigualdad estructural: los más pobres pagan el precio de un sistema que no los protege. En entidades como Oaxaca, el gasto de bolsillo en salud ($8,581 por hogar) está por encima del promedio nacional, a pesar de sus bajos ingresos, mientras que estados como Baja California reportan cifras menores ($4,514).
El análisis también señala que el presupuesto de salud para 2025, reducido en un 12.2% respecto a 2024, no ayudará a cerrar estas brechas. Con solo el 2.5% del PIB destinado a salud —lejos del 6% recomendado por la OMS—, el gobierno enfrenta un desafío monumental para cumplir sus promesas. La dependencia de los servicios privados, la falta de acceso efectivo y el aumento en los costos médicos (6.1% en consultas privadas en abril de 2025, según El Universal) pintan un sistema de salud fragmentado y elitista, donde los que menos tienen son los más perjudicados. Este contraste entre la retórica oficial y la realidad invita a cuestionar: ¿hasta cuándo seguirá el pueblo pagando por un derecho que el Estado debería garantizar?
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