En México se ha desarrollado e intensificado una forma de delito que hasta hace unos años no constituía una amenaza a la seguridad nacional ni se traducía en pérdidas millonarias de una de sus empresas paraestatales más importantes, Pemex. Sin embargo, hoy las tomas clandestinas de hidrocarburos se han convertido en uno de los delitos de orden federal más peligrosos y costosos para el país.
De acuerdo con datos oficiales de Petróleos Mexicanos, en 2012 se registraron mil 749 tomas clandestinas, para 2015 esta cifra se había quintuplicado con un total de cinco mil 252 tomas a lo largo del país. Tan sólo en el primer trimestre del 2016, Pemex encontró mil 360 perforaciones ilegales a ductos de su red, poco más de 15 chupaductos por día.
La primera implicación de esta creciente actividad delictiva son las pérdidas materiales y económicas que significan para Pemex y el gobierno federal; cifras preliminares de la empresa estiman que el robo es superior a los siete millones 500 mil barriles anuales, lo que se traduce en poco más de mil millones de dólares anuales. Pérdidas que en el contexto en el que se encuentra nuestro sector energético resultan fatales para la paraestatal y el propio ingreso del país. La segunda implicación, no por ello menos importante, es la inseguridad en la que se encuentran miles de habitantes que viven en los alrededores de estos ductos, quienes han sido víctimas de secuestros, extorsiones y distintos tipos de violencia. El delito se ha expandido desde zonas donde existe rivalidad criminal como estado de Tamaulipas o el de Veracruz, a entidades federativas que han contenido con gran esfuerzo estatal al crimen organizado, como son Guanajuato y Puebla.
Estos estados han tenido que redoblar las labores de vigilancia a pesar de que no entra en el ámbito de su competencia, sino en el orden federal donde autoridades como el Ejército, la Policía Federal, el Cisen y la PGR tienen las facultades y capacidades necesarias para atraer y actuar contra este tipo de delitos.
Las disposiciones legales obligan al gobierno federal de manera exclusiva a perseguir el robo de combustible. El año pasado, incluso, se expidió la “Ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos” y se adicionaron y derogaron diversas disposiciones legales, con el fin de darle mayores instrumentos a la Federación en la desarticulación y sometimiento de las organizaciones criminales dedicadas a este agraviante delito. Sin embargo, las realidades no se transforman por simple decreto. La creciente actividad delictiva y sus impactos negativos en el Estado de derecho, el crecimiento económico, el desarrollo social e inclusive, la credibilidad internacional del sistema mexicano en el proceso de apertura energética, obligan una profunda revisión del planteamiento estratégico del gabinete de seguridad federal, para garantizar que recursos fundamentales de los mexicanos, como son los hidrocarburos, sean explotados para detonar el bienestar de toda la sociedad y no para la obtención de ganancias ilegales por parte de un grupo de criminales.
El robo de hidrocarburos es un delito del orden federal que constituye un riesgo a las finanzas de Pemex, al atractivo nacional a la inversión extranjera, a la tranquilidad de las comunidades asentadas en las proximidades de los canales de distribución, así como a los precios competitivos de mediano plazo prometidos a la sociedad mexicana en el sector. Si el gobierno de la República está en realidad alineado con la instrumentación exitosa de la Reforma Energética, deberá emprender esfuerzos más eficaces en el sometimiento de las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad delictiva.
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