Religión y política II

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En contraste con la columna anterior, ahora abordaremos la relación entre la institución presidencial y la Iglesia Católica en México que ha pasado por momentos tensos a lo largo de la historia. En el siglo XX, luego del movimiento armado que también se conoció como Cristero, los arreglos entre ambos bandos no supusieron el fin de las hostilidades, sino el inicio de una larga batalla que, al parecer, fue ganada por la entidad religiosa gracias a su paciencia y tenacidad. Se trata de un capítulo de la historia nacional hoy ya casi olvidado y que refleja la forma en que el enfrentamiento entre ambos poderes se peleaba en distintos frentes, defendiendo la verdad de cada bando como si fuera la única.

Lo público contra lo religioso

Un episodio poco conocido y menos recordado, tiene que ver con una norma legal que fue objeto de controversia entre el Gobierno Federal y la Iglesia Católica durante las décadas de los años 30 y 40. Se trata de la reforma que sufrió el artículo 3° de la Constitución. El PAN, en sus primeros años de vida, lo tomó como una bandera denunciando que afectaba los derechos de los padres de familia para determinar el tipo de educación que deseaban para sus hijos, en tanto en el bando contrario acusaban una feroz campaña para derribar lo que consideraban un avance para el Estado laico.

A este respecto, cabe reseñar lo señalado en el libro La lucha entre el Poder civil y el clero, escrito a mediados de la década de los 30 por Emilio Portes Gil, quien hasta ese momento había tenido la experiencia de fungir como Presidente provisional en 1929 –bajo cuyo mandato se había acordado el fin del conflicto religioso armado– y Procurador General de la República, cargo en el que recibió del Presidente Abelardo L. Rodríguez una denuncia debido a que “el clero católico ha iniciado una franca campaña de sedición en la que revela claramente sus propósitos de llegar a la rebelión” en protesta por la aprobación de la reformas al artículo 3° de la Constitución.

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En el prólogo del libro, en una segunda edición de 1983 por el periódico El Día, Vicente Fuentes Díaz apunta que la denuncia que hizo el mandatario fue por “ciertos actos” del obispo de Huejutla, José de Jesús Manríquez y Zarate, y del arzobispo de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores. “Se deducía –añade Fuentes Díaz– que tales prelados eran responsables de graves violaciones a las disposiciones legales que rigen la actividad de los ministros de culto religioso y otras de carácter específicamente penal que prevén y sancionan conductas delictivas. Hacía notar el Primer Magistrado no sólo con base en la actitud de los prelados sino del clero católico en general que esta institución observaba una política abiertamente sediciosa que vulneraba el orden legal y lesionaba, concretamente, la autoridad del Estado”.

De igual manera, el prologuista añade que tal acto “era la continuación directa, casi podría decirse que orgánica, de la campaña dirigida por las mismas fuerzas en contra de la llamada ‘educación sexual’, proyecto educativo que el secretario de Educación Pública, licenciado Narciso Bassols, había puesto a la consideración de una comisión especial que tenía como misión estudiar las posibilidades de insertarla en los planes pedagógicos del Estado”.

Vicente Fuentes recuerda que “desde el inicio mismo de la guerra religiosa, en 1926, hubo en la vertiente del sector confesional una corriente que se propuso, a troche moche, la deposición violenta del gobierno constitucional. Fue la llamada Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, cuyos líderes, encarnación de la más ruda intransigencia, no veían ni buscaban otra salida que el derrocamiento del régimen por medio de las armas”.

Portes Gil, en sus consideraciones finales del libro, mencionó que “la acción del Poder Público encaminada a limitar, reprimir y disminuir las funciones temporales de la iglesia en México se explica y justifica por razones jurídicas y políticas, que se completan con razones de biología constitucional, de realidad social actual viviente, que permiten penetrar hasta la entrada misma del problema.

“La lucha secular de la Iglesia contra el Estado en México obedece fundamentalmente a contradicciones radicales y profundas de sus respectivas funciones en la existencia social”.

A la luz de lo actual, lejos quedaron las palabras que escribió Portes Gil al señalar que “siempre en la historia de México el mismo esfuerzo del Poder civil encaminado a evitar la existencia de la Iglesia como poder temporal, es decir, el Estado impidiendo por razones de realidad social, casi de defensa biológica, la existencia de otro Estado”.

Mañana continuaremos con otro enfoque de la relación religión-política en México.

Del tintero

Se cumple un año, hoy 3 de febrero, del nombramiento de Virgilio Andrade al frente de la Secretaría de la Función Pública. No hay mucho que agregar además de la efeméride, pues los resultados han brillado por su ausencia. Tal parece que la actual clase gobernante no ve necesaria ni la transparencia ni el combate a la corrupción, pese a las críticas y la exigencia ciudadana.

Twitter: @AReyesVigueras


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