Llegaron en una sola iniciativa diversas reformas constitucionales relativas a las policías estatales y a la reforma a municipios, que desaparecerían en caso de estar vinculados a la delincuencia.
El Senado recibió al diez para la siete el paquete de reformas constitucionales en materia de justicia propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, luego de que se reunieran esta tarde los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras para definir su procesamiento.
Miguel Barbosa dijo que al Senado llegaron en una sola iniciativa diversas reformas constitucionales relativas al Mando Único para las policías estatales así como el tema de reforma a municipios los cuales desaparecerían en caso de estar vinculados a la delincuencia.
Informó que el contenido de las iniciativas se publicará hoy mismo en el portal oficial de la Cámara de senadores para que todo mundo las conozca.
La iniciativa presidencial modifica los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 constitucionales para replantear el modelo en materia de seguridad pública que ha recaído en los municipios.
De acuerdo al Ejecutivo es una necesidad impostergable pues México requiere una transformación institucional en materia de seguridad pública que cimbre las bases sobre las que esta construida.
“Una reforma superficial sería insuficiente e o irresponsable”, aseguró el presidente Peña Nieto al abundar que esta iniciativa establece un nuevo sistema policial que dará tranquilidad a las familias con policías más cercanos, profesionales, confiables cuyo interés principal sea garantizar la seguridad.
El Ejecutivo propone concentrar las funciones policiales para facilitar las condiciones de mando y focalizar las tareas de seguridad en determinados territorios.
Por ello propone establecer el Mando Único Policial Estatal; facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que determinen la concurrencia de la federación y entidades federativas en materia de seguridad pública, así como homologar criterios y procedimientos en la materia.
Plantea que el Congreso pueda expedir leyes generales para definir con libertad qué conductas deben ser tipificadas, qué tipos pénales serán materia de regulación y no que cada entidad pueda hacerlo.
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