Rebeldes, con causa.

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En medio de una intensa gira por todo el país, me abro espacio para encontrarme de nuevo con mis lectores en domingo. La campaña por la Presidencia del PAN me impone una carga extraordinaria de trabajo, pero escribir – además de darme precisión en la mirada – me descansa y me relaja. Dentro de mi vocación fundamental que es la política, mi oficio periodístico me aterriza y me obliga a pensar bien las cosas. Escribir compromete.

Digo de entrada que el movimiento que hemos lanzado en el PAN se ha extendido a lo largo y ancho del territorio nacional. La Rebelión de las Bases ha abierto un camino de esperanza para miles de hombres y mujeres libres de México que quieren rescatar al Partido en sus motivos originales, recuperar el talante democrático del PAN, volverlo cauce efectivo para la participación ciudadana. Y sí, somos una rebelión con causa y propuestas para enderezar el rumbo.

Partimos de una premisa: el régimen político mexicano está en crisis. En los hechos, los partidos no son bienes públicos porque consorcios políticos se han apoderado de ellos; su falta de democracia interna y de representatividad es la principal causa de la corrupción rampante que se sucede actualmente en nuestro país.

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La restauración del centralismo, la regresión autoritaria que vuelve atentar contra las libertades públicas, la desigualdad social, el aislamiento del sistema político, la colusión entre partidos, la claudicación a ser oposición, la percepción de disfuncionalidad de la democracia, la deformación, mediatización y subordinación de los poderes e instituciones autónomas del Estado, son otras consecuencias de la complicidad que gradualmente se consolida entre las élites políticas que dominan las instituciones partidistas. El gran problema de México es la corrupción política y el deterioro del sistema de partidos para enfrentarla.

La falta de límites legales en los partidos, aunada a la práctica clientelar, han generado un proceso de consolidación de las élites en las dirigencias que va minando paulatinamente el régimen democrático, con la consecuente pérdida de legitimidad y credibilidad de los partidos ante la ciudadanía.

Desde que el PAN se convirtió en una vía de acceso efectivo para los puestos de representación popular ha habido una propensión a afiliar y fabricar clientelas que manipulen los procesos internos; por eso se creó en los Estatutos la figura del adherente en 1992. Hoy, el mantenimiento de las redes clientelares (que he llamado onda grupera) ha empeorado la situación porque se lleva a cabo a través de la inversión de grandes sumas de dinero y la oferta de puestos laborales, principalmente del sector público.

Al referirme a la onda grupera de lo que hablo es de clientelas pequeñas que se vuelven determinantes, porque el padrón del PAN es pequeño en relación al universo de electores registrados ante el INE, es decir que grupos pequeños en el Partido terminan por imponer autoridades a la ciudadanía. Un efecto negativo adicional es la restricción en la sucesión de liderazgos, que ahora se da -por lo general- entre familiares o secuaces, donde el mérito es sustituido por la complicidad, provocando que las candidaturas que presenta el Partido sean cada vez más mediocres y cuestionadas, o con un código moral contrario a los valores democráticos.

Si bien es cierto que la histórica reforma estatutaria que llevamos a cabo en la 17  asamblea nacional, para elegir a nuestros dirigentes mediante voto directo, libre y secreto, fue un paso en el sentido correcto de democratizar y hacer más representativo al PAN, lo cierto es que requiere de un blindaje que dé eficacia a su significado democratizador.

En varios países con regímenes democráticos consolidados, cuando se adquiere la calidad de ciudadanía es obligatorio definirse por un partido nacional vigente, o como independiente. En los Estados Unidos, por ejemplo, quien adquiere la calidad de ciudadano debe pronunciarse como Demócrata, Republicano o Independiente. Esta decisión le da derecho a participar en las “Elecciones Primarias” (convenciones abiertas para elegir candidatos), del partido de su preferencia porque se le reconoce como simpatizante de dicho partido. Lo anterior, aunado a la obligatoriedad de los partidos a elegir democráticamente a sus candidatos, genera una sinergia institucional dirigida a garantizar que la representatividad, el mérito del participante, su compromiso con la edificación de los bienes públicos y la alternancia de las élites políticas, sean parte de la ecuación.

Es por eso que una de nuestras principales propuestas se concentra en impulsar un sistema de elecciones primarias, que pueda entrar en funcionamiento cuando los propios militantes lo decidan o cuando las condiciones internas no lo permitan, por falta de transparencia, equidad o legalidad. Ahora esa imposibilidad se ha traducido en designaciones, auténticos dedazos que han provocado hasta venta de candidaturas. Esto tiene el objetivo de reducirle poder a la “onda grupera”, a las tribus, a los sectores corporativos, a las familias y los dueños que hoy se han apoderado de los partidos políticos, frente el universo potencial de militantes electorales de cada partido político nacional.

Las elecciones primarias permiten que los partidos políticos se acerquen a los ciudadanos que actualmente se sienten relegados ya que no se sienten identificados ni representados; plantearé al Consejo Nacional del Partido esta propuesta para que se impulse en las cámaras del Congreso de la Unión esta reforma de carácter legal; con dicha medida aseguraremos que los partidos políticos se consoliden como bienes públicos, representativos y democráticos.

Entre las medidas que implicará el impulso de elecciones primarias de los partidos políticos se encuentra: Obligar legalmente a los partidos a elegir democráticamente a sus candidatos y dirigentes; limitar temporalmente los periodos de las dirigencias partidistas, acotando la reelección de los órganos ejecutivos de dirección en cada partido; establecer legalmente las mejores prácticas internacionales de las instituciones públicas y organizaciones civiles, en materia de transparencia, rendición de cuentas, contrapesos internos y ejercicio de las libertades públicas, en nuestros partidos políticos nacionales.

Otra de las propuestas es el combate a la corrupción y la transparencia; el PAN no puede, por ningún motivo, seguir permitiendo o tolerando acciones de corrupción de sus dirigentes, militantes ni mucho menos de los servidores públicos que postula o designa en los poderes públicos, en cualquier orden de gobierno.

La renovación de la dirigencia nacional del PAN es la mejor oportunidad para marcar un deslinde ostensible, radical y crítico del contexto y prácticas de corrupción que han caracterizado al gobierno de Enrique Peña Nieto, así como de prácticas en que han incurrido servidores públicos emanados de Acción Nacional y aún algunos de sus dirigentes.

Contra la corrupción habrá que empezar por casa. Impulsaremos que todos los servidores públicos emanados de Acción Nacional transparenten y rindan cuentas, asimismo promoveremos la aplicación de sistemas de contrapeso interno y de combate a la corrupción, generando y facilitando el acceso a la mayor información posible de la vida del partido y de sus órganos, así como de quienes administren recursos públicos de cualquier índole para contribuir a la consolidación de una cultura de rendición de cuentas.

Voy a impulsar las reformas estatutarias y reglamentarias necesarias para implementar como requisito indispensable para la inscripción de todo candidato a cargo de elección popular (así como de los presidentes y secretarios generales del CEN y de los Comités Directivos Estatales; también de los directivos de comités municipales de aquellos municipios que por sus características sociodemográficas, económicas o de seguridad pública pudieran tener mayores riesgos de vínculos con la delincuencia o de actos de corrupción) sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y anual de impuesto sobre la renta (3 de 3), correspondiente a  los tres años previos a la elección; así como que acepte ser sometido a evaluaciones profundas (debida diligencia reforzada) por los órganos especializados del partido.

Propondré crear órganos técnicos especializados en la prevención y combate a la corrupción y al fomento de la transparencia, que podrán presentar objeciones a candidaturas que sean vinculantes para los órganos partidistas, en el caso de precandidatos o candidatos con inconsistencias patrimoniales.

Llevaremos a cabo una auditoría integral a los recursos públicos manejados por los grupos parlamentarios de Acción Nacional y en caso de desvíos se tomarán acciones inmediatas, tales como la expulsión del partido y dar parte a las autoridades judiciales correspondientes.

La austeridad del partido debe profundizarse hasta impulsar que los presupuestos de partidos y elecciones se ajusten a lo razonable. Terminar con un despilfarro irresponsable de los recursos públicos en el sistema que, lejos de darnos una mejor democracia, ha sido la ocasión de corrupción. Propongo revisar y cancelar toda posibilidad de partidas que impliquen manejos discrecionales de presupuestos públicos.

Todos los servidores públicos emanados de Acción Nacional concretarán o facilitarán que en tiempo real sea consultable y verificable todo pago en efectivo o en especie que apliquen o autoricen, respecto de los presupuestos públicos en que tengan incidencia, directa o indirecta.

Las secretarías de acción gubernamental, tanto del CEN como de los comités estatales y, en su caso de municipios y delegaciones, deberán acompañar permanentemente a los servidores públicos del Partido, evitando intermediarios, gestores o pagos a terceros innecesarios.

Se diseñarán e implementarán los mecanismos que permitan a cualquier miembro del Partido que esté interesado, y a la ciudadanía en general, conocer conceptos y montos de todo recurso público que reciban los órganos del partido, incluyendo a los de los poderes legislativos o ayuntamientos.

Nuestro partido debe ser ejemplo y cause para que todo acto de corrupción sea denunciado y castigado, por lo que promoveré que Legisladores y dirigencias del partido en general exijan desde sus ámbitos que no quede impune ningún acto de corrupción desde el titular del Ejecutivo Federal, así como de cualquier poder, funcionario público municipal, estatal o federal u órgano constitucional. Sólo recuperando su fuerza moral podrá Acción Nacional recuperar la confianza ciudadana. Nuestra rebelión tiene causa, y propuestas concretas que le dan sentido a la búsqueda del voto.


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