Como en los viejos tiempos, el gobierno federal clasificó la estrategia de vacunación contra la Covid-19 como un “asunto de seguridad nacional”, motivo por el cual cerró el acceso a los documentos e instalaciones vinculadas con este plan.
Entre otras cosas, no se podrá conocer los contratos de suministro de vacunas firmados con farmacéuticas, argumentando que difundirlos provocaría daños de todo tipo, desde relacionados con la seguridad nacional hasta la violación de cláusulas de confidencialidad.
La decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad y establece que los funcionarios involucrados, los espacios de aplicación y resguardo de vacunas, los procesos operativos, los insumos, los trámites y todas las disposiciones gubernamentales relacionadas con la vacunación quedan amparadas bajo la Ley de Seguridad Nacional.
Esta resolución tomada el pasado 24 de diciembre y que ha sido notificada a las oficinas del gobierno federal en las últimas semanas, impide transparentar los detalles del plan de vacunación y evita que los ciudadanos tengan acceso a información pública para conocer los gastos y las acciones precisas que las autoridades están realizando para implementar la estrategia.
Para justificar la clasificación como “asunto de seguridad nacional”, el Consejo Nacional de Seguridad invocó la preservación de la soberanía nacional, la protección del país frente amenazas y el mantenimiento del orden constitucional, conceptos establecidos en el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional.
El artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica que puede clasificarse como información reservada aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. El artículo 4 de esta Ley también señala que la información pública podrá ser reservada temporalmente por razones de seguridad nacional.
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