México enfrenta una tragedia silenciosa que no cesa: las desapariciones forzadas y no localizadas. Aunque el foco mediático suele centrarse en los homicidios, el drama de las personas que se esfuman sin dejar rastro constituye una herida abierta en el tejido social nacional. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), analizados por TResearch al 9 de septiembre de 2025, el país acumula 118,767 casos activos desde 1988. Lo más alarmante es que casi la mitad de estas tragedias —el 44%— ocurrieron durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El nuevo gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, asumió el poder en diciembre de 2024 con la promesa de una “paz verdadera”. Sin embargo, los números iniciales son implacables. En apenas once meses de su administración, ya se han registrado 13,522 nuevas desapariciones no localizadas. Esto equivale a un promedio de más de 1,200 personas desaparecidas cada mes, una cifra que no muestra signos de desaceleración significativa. En septiembre de 2025, por ejemplo, se reportaron 189 casos en los primeros días, proyectando un mes que podría superar los mil.
La geografía del horror también tiene nombre. Cinco entidades concentran la mayor parte de la crisis actual: Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, Michoacán y Baja California. Estas regiones no solo lideran en cifras absolutas, sino que tres de ellas —Edomex, CDMX y Sinaloa— ya superan la barrera de los mil desaparecidos solo en lo que va del sexenio de Sheinbaum. Esta concentración exige una respuesta focalizada, con recursos y estrategias específicas para cada territorio, en lugar de políticas generales que diluyen la eficacia.
Un dato adicional que profundiza la gravedad del problema es la persistente brecha de género. Aunque el 74% de las víctimas son hombres, el 26% restante —3,567 mujeres desaparecidas en este sexenio— representa una crisis paralela que exige enfoques diferenciados. La desaparición de mujeres suele estar vinculada a redes de trata, violencia de género y explotación, delitos que requieren protocolos especializados y una perspectiva de género en las investigaciones.
La herencia de AMLO es abrumadora: 52,575 desaparecidos en su mandato. Pero el reto de Sheinbaum no es solo administrativo, es moral. La sociedad mexicana exige resultados tangibles, no solo discursos. La creación de la Comisión Nacional de Búsqueda fue un paso, pero su operación efectiva, con presupuesto suficiente, autonomía real y coordinación estatal, sigue siendo una asignatura pendiente.
Mientras tanto, miles de familias recorren oficinas, cementerios y fosas clandestinas con fotografías en mano, buscando a sus seres queridos. El Estado tiene la obligación legal y ética de encontrarlos, sancionar a los responsables y prevenir nuevas desapariciones. Hasta que eso no ocurra, ninguna cifra de reducción en otros delitos podrá maquillar esta deuda histórica con la justicia.
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