Los números oficiales pintan un cuadro alentador, pero la realidad en las calles de México exige una mirada más profunda y cautelosa. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), analizados por TResearch, el delito de robo a negocios registró en julio de 2025 una marcada caída del 8% en comparación con el mismo mes del año anterior, con 5,609 denuncias. Esta cifra se inscribe en una tendencia a la baja que comenzó desde el pico de 95,284 casos en 2020, descendiendo a 73,496 en 2024 y proyectando una nueva reducción para el año en curso.
Sin embargo, este optimismo estadístico debe matizarse con una serie de factores críticos. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum (CSP), que inició en diciembre de 2024, ya se han acumulado 39,621 denuncias por este delito. Aunque la administración apenas lleva unos meses, esta cifra inicial es sustancial y pone en perspectiva el desafío que enfrenta su política de seguridad.
El problema no está distribuido equitativamente en el territorio nacional. Existe una alarmante concentración geográfica: tan solo tres entidades —el Estado de México, la Ciudad de México y Guanajuato— concentran el 43% de todos los robos a negocios denunciados durante el actual sexenio. Esto significa que casi la mitad de la incidencia delictiva de este tipo se focaliza en estas zonas, lo que exige estrategias de seguridad hiperlocales y no solo políticas generales a nivel federal.
Además, cuando se analiza la incidencia delictiva en relación con la población, el panorama cambia drásticamente. Las tasas por cada millón de habitantes revelan que los estados más afectados no son necesariamente los más poblados, sino aquellos con economías dinámicas o destinos turísticos clave. Aguascalientes lidera esta lista con 789 denuncias por millón de habitantes, seguido de cerca por Querétaro (636) y Quintana Roo (592). Estas cifras son particularmente preocupantes para Quintana Roo, cuya economía depende en gran medida del turismo y la operación segura de sus comercios. Un robo en un negocio de Cancún o Playa del Carmen no solo afecta al propietario, sino que puede tener un impacto reputacional y económico mucho más amplio.
La tendencia a la baja desde 2020 puede atribuirse a múltiples factores, incluyendo cambios en las dinámicas del crimen organizado, esfuerzos de seguridad pública o incluso una subdenuncia creciente debido a la desconfianza en las autoridades. Es crucial no confundir una reducción en las denuncias con una reducción real en la comisión del delito. Muchos pequeños empresarios, desalentados por la ineficacia percibida del sistema judicial, optan por no reportar los hechos, lo que distorsiona la verdadera magnitud del problema.
En conclusión, si bien las cifras recientes ofrecen un respiro, no deben interpretarse como una victoria definitiva. La concentración del delito en pocas entidades y las altas tasas en estados estratégicos como Quintana Roo y Querétaro son señales de alerta que requieren atención inmediata y acciones concretas, no solo celebraciones estadísticas.
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