En el contexto actual de México, el gobierno federal ha hecho énfasis en su compromiso por atender las causas que originan la delincuencia, promoviendo programas sociales y becas como estrategias centrales de su política. Sin embargo, la reciente violencia en Uruapan, con el asesinato del alcalde Carlos Manzo y la implicación de un menor de edad en el crimen, suscite serias dudas sobre la efectividad de estas iniciativas. Este análisis busca profundizar en las paradojas y dificultades que enfrenta la administración para abordar un fenómeno tan complejo como la violencia criminal, especialmente en un país donde los cárteles de la droga continúan operando con impunidad y recursos desmedidos.
El asesinato de Carlos Manzo no solo es una tragedia para su familia y su comunidad, sino que revela la alarmante realidad de la criminalidad en México, donde la inclusión de un menor en acciones delictivas subraya un problema de fondo: la penetración de la delincuencia organizada en todos los estratos de la sociedad. Las cifras sugieren que miles de menores son reclutados por cárteles, quienes ofrecen atractivos que superan lo que el gobierno puede ofrecer a través de sus programas sociales. Mientras las becas y apoyos pueden ayudar temporalmente a mejorar las condiciones de vida, no son suficientes para disuadir a los jóvenes de optar por una vida criminal cuando la inestabilidad económica y la falta de oportunidades continúan siendo la norma.
Los programas sociales del gobierno, aunque bien intencionados, enfrentan un grave desafío: la capacidad de los cárteles para atraer a jóvenes vulnerables mediante un atractivo inmediato de dinero y poder. En un entorno donde la pobreza y el desempleo predominan, las promesas de un futuro mejor a través de la educación y el apoyo social se ven rápidamente eclipsadas por la urgencia de una subsistencia inmediata, a menudo facilitada por el crimen organizado. Esta dinámica es particularmente inquietante cuando se considera que en el caso específico de Uruapan, la participación de un menor demuestra cómo las redes delictivas son capaces de aprovecharse de la desesperanza, manipulando la ilusión de pertenencia y éxito.
Ante estas realidades, las afirmaciones del gobierno sobre el manejo de las causas de la delincuencia parecen, a primera vista, ser más una estrategia política que una solución tangible. Las intenciones de los programas sociales, aunque son un paso positivo, no abordan la raíz del problema: la economía informal, la corrupción y la falta de acceso a servicios básicos que alimentan y perpetúan el ciclo de violencia. La falta de un enfoque integral que contemple el combate a los cárteles, así como el establecimiento de un tejido social resistente a la corrupción, sigue siendo una peligrosa omisión en la política pública.
Simultáneamente, esta narrativa de atención a las causas puede ser interpretada también como una estrategia electoral. Ante la creciente ola de violencia y la crítica de que el gobierno no ha podido controlar la situación, el fenómeno de ofrecer soluciones a largo plazo que no se concretan puede ser una herramienta para apaciguar a la ciudadanía y mantener cierto nivel de apoyo. Sin embargo, la insatisfacción latente entre la población podría transformarse en un fenómeno electoral adverso en los próximos ciclos políticos.
Para que México pueda enfrentar la delincuencia de manera efectiva, se requiere un enfoque coordinado que no solo involucre medidas sociales, sino también un despliegue de recursos contundentes contra el narcotráfico y una reestructuración de los sistemas de justicia. Solo así se podría empezar a construir un entorno que realmente ofrezca alternativas viables para los jóvenes, rompiendo el ciclo de violencia que sigue silenciando las voces de quienes buscan un futuro diferente.
En conclusión, el caso de Carlos Manzo resalta la urgencia de un cambio profundo en la estrategia del gobierno frente a la delincuencia. Las soluciones superficiales no solo son ineficaces, sino que pueden desviar la atención de la verdadera guerra que se libra en las calles y en las decisiones políticas de México.
