Durante el debate del PAN para la dirigencia nacional predominaron ataques y descalificaciones personales, más que las propuestas. Pese a ello, Javier Corral logró deslizar una propuesta que a todas luces me parece sana y necesaria: introducir en los partidos la práctica no voluntaria de abrir su designación de candidatos presidenciales (y a gobernador, podría ser también) no sólo a sus militantes, sino a sus simpatizantes, al estilo de Estados Unidos (y otros países, como Argentina). De esa forma, se involucraría la ciudadanía no sólo en decidir por los candidatos que cada partido presenta como un hecho consumado, sino justo en la designación de su candidato para Ejecutivo. Así, los ciudadanos podrían involucrarse en esa importante etapa del proceso democrático, sintiendo en parte como suya la decisión final de cuáles serán los candidatos en cada partido. Los ciudadanos que se inscriban como simpatizantes de cada partido podrían participar exclusivamente en la primaria del partido favorito, y no en las demás. Los candidatos electos llegarían con mayor legitimidad y representatividad dentro de sus respectivas militancias y sobre todo, clientelas electorales.
Una medida que daría algo más de legitimidad a los partidos, que vaya que la necesitan, y generando un poco de democracia interior en ellos al involucrar en tan importante decisión a sus simpatizantes. Las probabilidades de acercar los partidos y sus candidatos a la ciudadanía en general se incrementarían significativamente. Pero es una medida que no debería quedar al arbitrio de cada partido, pues en algunos de ellos las élites son lo suficientemente fuertes como para poder imponer a un candidato como único, incluso sin necesidad de consulta alguna. Y suelen calcular, a veces con razón, que estos procesos abiertos dividen al partido más de lo que lo unifican (el PAN fue el que tuvo un proceso más abierto para designar a su candidato en 2012, y fue el que más se dividió). Pero en principio se relajaría el férreo control que a veces tienen los líderes partidarios sobre estos procesos. Quienes quisieran competir tendrían desde luego que cumplir algunos requisitos (como reunir firmas, igual que los candidatos independientes), pero no dependerían de la voluntad o controles de sus dirigencias para competir, si así lo quisieran. En una perspectiva más amplia, es un proceso que ayudaría a los propios partidos, pues cada vez los procesos controlados y cerrados para designar a sus candidatos a cargos Ejecutivos les generan más costos y rupturas, desde los precandidatos perdedores que se van a otro partido o coalición opositora, hasta los que pueden ir por la libre en candidatura apartidista. Imaginemos la dinámica que se daría en el PRI. Mejor airear esos procesos y legitimarlos que seguir cerrándolos u obstruyéndolos. Desde luego, podría disponerse legalmente que quienes participaran en una primaria partidaria y perdiera, ya no podría ir en ese mismo proceso como independiente; tendría ésta que ser una decisión tomada antes de las propias primarias.
Pero esta propuesta tiene pocas probabilidades de prosperar. Las dirigencias partidarias son reacias a perder control de sus procesos internos (véase el candado que pusieron a la posibilidad de buscar la reelección legislativa). Y es que al final, saben que hagan lo que hagan cuentan con la legitimidad que religiosamente les brinda un número suficiente de ciudadanos en las urnas, aunque éstos rezonguen de los abusos partidarios. Si el voto por independientes debe leerse como un rechazo a la partidocracia, fue muy inferior al voto vertido por los partidos. Eso los envalentona para dar pasos atrás en lugar de adelante (como en las contrarreformas relativas a los candidatos apartidistas). Ellos no toman en cuenta las encuestas en las que tan mal salen, sino las elecciones, que siguen avalando sus atropellos.
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