Human Rights Watch (HRW) criticó hoy el poco progreso en los esfuerzos de México para procesar criminalmente a los responsables de las violaciones de derechos humanos en el País.
En su informe anual, que presenta en Sao Paulo y Estambul de forma simultánea, la organización señaló que las fuerzas de seguridad mexicanas se envolvieron en graves y repetidas violaciones de garantías individuales en operaciones contra el crimen organizado durante el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el cargo en 2012.
Crímenes que, de acuerdo con el documento, incluyen ejecuciones extrajudiciales y torturas, contra las que el Ejecutivo, aseguró, no luchó con firmeza.
“A pesar de la presión internacional, sigue todavía un ambiente de impunidad casi total”, dijo en rueda de prensa el director adjunto de HRW para América Latina, Daniel Wilkinson.
El anuario denuncia además los frecuentes casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por parte de las fuerzas de seguridad, como el secuestro de 43 estudiantes de Ayotzinapa quienes, según la versión oficial, fueron retenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado.
Asimismo, destaca sobre el caso los graves fallos en las investigaciones conducidas por el Gobierno y subraya que, conforme a los resultados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el proceso fue perjudicado por fallas procesales y la posible destrucción de pruebas esenciales.
En palabras de Wilkinson, uno de los desafíos más urgentes en México, y en Centroamérica como región, es fortalecer el sistema judicial para evitar que las fuerzas policiales se involucren en actividades criminales y generen más violencia, sobre todo en las operaciones para combatir la delincuencia organizada.
Y una de las propuestas de HRW es reglamentar la elaboración de narcóticos, como afirmó Wilkinson.
“Ya ha llegado la hora de legalizar el consumo de drogas y buscar nuevas formas de regular la producción y la distribución”, indicó.
El documento también enfatiza que el número de desaparecidos en México llega ya a 25 mil 500 personas y que el Ejecutivo ha liderado iniciativas potencialmente prometedoras pero poco efectivas al respecto.
Por otra parte, el informe recalca, citando a la ONU, que prevalece un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales, las cuales se enmarcan en una impunidad endémica y sistemática.
“(Ya que) algunos jueces continúan desconsiderando denuncias de tortura y aceptando confesiones supuestamente obtenidas bajo coerción”, apunta HRW.
“El sistema de justicia criminal rutinariamente fracasa en garantizar justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos”.
La sección mexicana del anuario dedica también un apartado a los ataques contra periodistas.
“(Las autoridades) no investigan adecuadamente, al no tener en cuenta desde el principio su profesión como posible motivación”, acusa la ONG.
Por último, reprueba que las leyes del País no protejan adecuadamente a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual y añade que algunas disposiciones incluso contradicen padrones internacionales.
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