Propone exhibir ‘lista negra’ de servidores corruptos.
Establece un Código de Ética para funcionarios.
Prevé sancionar a particulares involucrados en actos de corrupción.
México, D. F.,Miércoles 26 de agosto de 2015. El Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, acompañado por el coordinador de los senadores, Fernando Herrera, presentó a nombre de los Grupos Parlamentarios del PAN en ambas Cámaras, las iniciativas para crear la Ley General de Combate a la Corrupción y la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.
La presentación de las iniciativas tiene un doble propósito. Por un lado, iniciar el proceso legal para que sean turnadas a comisiones, eventualmente discutidas y votadas en el pleno de las Cámaras; y por otro, ponerlas a disposición de la sociedad civil organizada, a fin de que sean analizadas y enriquecidas.
Con la presencia de las organizaciones México Evalúa, Fundar, Integralia, Red por la Rendición de Cuentas, IMCO y Transparencia Mexicana; así como de representantes del ITAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE, Ricardo Anaya detalló que con estas iniciativas se busca hacer realidad lo que quedó plasmado en la Constitución, tras la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción.
Las iniciativas se elaboraron en torno a tres grandes ejes rectores:
- El primero es la prevención de los actos de corrupción, mediante la transparencia. Para ello se propone que el 3 de 3 (declaración patrimonial, fiscal y de intereses), sea obligatorio para todos los servidores públicos por disposición legal. De esta manera, cualquier ciudadano podrá verificar el estado actual del patrimonio de un servidor público, así como su evolución patrimonial, al cotejar sus ingresos.
- El segundo eje consiste en contar con una plataforma que reúna todos los contratos de obras y servicios, que realicen las administraciones públicas federal, estatal y municipales, de modo que siempre estén disponibles en línea.
- El tercer eje consiste en contar con ciudadanos empoderados para supervisar obras, servicios y contratos, con una participación formal dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ricardo Anaya aseguró que ante la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones y el alto costo que implica la corrupción, no se debe permitir que un empleado investigue a un jefe, como ocurrió hace unos días con el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, que exoneró al Presidente Enrique Peña Nieto.
“Lo que propone esta reforma es un cambio radical, que sean órganos verdaderamente autónomos e independientes los responsables de investigar. Que nunca más el empleado del alcalde, nunca más el empleado del gobernador, nunca más el empleado del Presidente de la República, sea el responsable de investigar posibles actos de corrupción”, resaltó.
La senadora Laura Rojas manifestó que la Ley General es la que dará vida al Sistema Nacional Anticorrupción. En ella se establece un sistema nacional de información sobre funcionarios públicos sancionados; es decir, una ‘lista negra’ de servidores sancionados a lo largo de su vida pública, a fin de que se tome en cuenta para efectos de contrataciones o postulaciones a cargos de elección popular.
Por su parte, la senadora Marcela Torres Peimbert destacó que la nueva Ley General de Combate a la Corrupción obligará a todas las dependencias y entidades públicas a diseñar normas, procesos y políticas públicas que minimicen el riesgo de corrupción.
También resaltaron el hecho de que, por primera vez, exista un Código de Ética obligatorio para los servidores públicos, de modo que no sea necesaria una denuncia formal para iniciar el proceso de investigación, sino que pueda ser por auditoría o de oficio, y con la posibilidad de sancionar a particulares que estén involucrados en actos de corrupción con cualquier entidad gubernamental.
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