“Partido Canalla” ha llamado Jorge Alcocer, director de la revista Voz y Voto, al Partido Verde Ecologista de México. No podría estar más de acuerdo con el también politólogo, el calificativo es exacto. La conducta vil de violación sistemática de la ley, ha demostrado la ruindad con la que se manejan los dirigentes de este partido. Todas las formas para burlar las normas legales se han puesto en práctica, directas e indirectas, porque el fraude a la ley y el abuso del derecho, han sido dos de sus conductas más reiteradas.
El INE, tras el retiro de siete partidos de los diez que tienen representación en su consejo general, parece que decidió salirse del acuerdo de impunidad que ha prohijado la canallesca y acordó el viernes pasado imponerle una multa de 67 millones de pesos por desacato a las medidas cautelares que le impuso desde el 31 de diciembre del año pasado en el sentido de retirar la difusión de los denominados “cineminutos” en todas las salas del país, de las cadenas “Cinemex” y “Cinepolis”, derivado de la queja que presenté como Consejero del Poder Legislativo del PAN. El incumplimiento se dio a lo largo de 36 días.
No es la sanción ejemplar que el partido verde se merece, pero no debemos regatear que se trata de una medida en la dirección correcta de rectificación y reencausamiento institucional de la autoridad electoral para atajar esa campaña impune “el verde sí cumple” que ha concatenado diversas formas de propaganda electoral, mezclando los supuestos informes legislativos en radio y televisión, con publicidad fija, en salas cinematográficas, llamadas telefónicas, envíos postales y donaciones en especie, usando de manera indebida el padrón electoral y los programas sociales. Además de acreditarse todos los elementos de actos anticipados de campaña, también constituye un descomunal gasto que debe ser investigado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, lo que puede significarle al final de cuentas la pérdida de su registro. Esa sobreexposición consentida por tanto tiempo ha provocado un daño irreparable a la contienda electoral de 2105.
La conducta desafiante del partido verde, que en realidad es tricolor, viene desde el mismo momento en el que se puso en operación el modelo de comunicación política instaurado en la reforma político-electoral de los años 2007-2008. Se violentó la ley electoral al comprar spots en radio y en televisión para promover su plataforma electoral y posicionar en forma inequitativa a su partido frente a los demás; recordemos a los actores de televisa, Maite Perroni, Raúl Araiza, entre otros, con la incorporación de logotipos y propagada del Partido Verde en programas de revista, telenovelas y revistas de espectáculos, spots comprados con el inequívoco propósito de burlar la prohibición constitucional y tratar de “verle la cara” al entonces órgano electoral, el IFE.
En el mes de octubre a diciembre 2014, iniciando el proceso electoral y los 17 procesos electorales locales, arrancó la primera fase de la nueva compra de spots en radio y televisión con más 240 mil impactos en todo el territorio nacional, que disfrazaron de informes legislativos, en los que también se posicionó al Partido Verde con la frase “el Verde sí cumple” y su distintivo electoral. Todos hemos sido testigos de la utilización de miles de especulares, parabuses, transporte público, equipamiento urbano concesionado, puestos de revistas y periódicos, taxis y casetas telefónicas, en los que se posiciona la misma frase: “El Verde Sí cumple”.
También programó en la pauta de tiempos oficiales asignada por el INE, al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, llamado “gobernador verde”, promoviendo su imagen personal, su nombre y su voz, burlando la prohibición de promover la imagen personal de todo servidor público en radio y televisión. Este Gobernador compró gacetillas en un portal de noticias de un periódico nacional, en el cual se promovía su imagen personal, inclusive el TEPJF ordenó dar vista al Congreso del Estado de Chiapas por la violación al artículo 134 de la Constitución. Pese a la ilegal campaña de sobreexposición y en medio de la polémica nacional por su contumaz conducta ilegal, a partir de febrero se inició la segunda fase de informes legislativos, para seguir promoviendo la frase y distintivo electoral de dicho partido político. Tuvieron el descaro de anunciar que le “meterían” 320 millones de pesos al nuevo paquete publicitario, pues habían hecho su “guardadito”.
Refuerzan la violación legal a través del un call center que realiza llamadas telefónicas a los domicilios partículares con un mensaje del actor Raúl Araiza, quien repite la campaña que fue motivo de la sanción que se le impuso. Se discutía en el INE esa multa y al mismo tiempo lanzaban la entrega de la tarjeta de descuento “PREMIA Platino” en más de 8000 establecimientos, en una auténtica provocación al INE. Es contundente la legislación electoral al prohibir estrictamente a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier otra persona, “la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por si o por interpósita persona”. ¿Confía el partido verde, que nuevamente el Tribunal Electoral le exonerará de las multas, como lo ha hecho en el pasado? Veremos en los próximos días hasta donde llega su protección.
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