El próximo lunes a las 7 pm, el Senado retomará en Comisiones unidas la discusión de la propuesta del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado, que pretende condonar multas multimillonarias a las principales televisoras del país, escudado en los medios públicos.
La iniciativa de Gil contiene dos elementos sustanciales: el primero es adicionar un nuevo párrafo al artículo décimo noveno transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de telecomunicaciones y radiodifusión para autorizar a los medios públicos, sociales y educativos a no transmitir su señal hasta en tanto puedan digitalizar sus transmisiones y el segundo es la sustitución de la palabra permisionario, por operador lo que se traduce en beneficiar a todos los concesionarios de una frecuencia de radiodifusión, es decir a las televisoras privadas (Televisa y TV Azteca), públicas, culturales y sociales.
De tal modo la propuesta señala: “En caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las señales analógicas de televisión radiodifundida por área de cobertura o de que el 31 de diciembre de 2015, los actuales OPERADORES de estaciones de televisión radiodifundida con una potencia radiada aparente menor o igual a 1kW para canales de VHF y 10kW para canales de UHF, no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital terrestre, y/o no se hubiere alcanzado el nivel de penetración señalado en los párrafos tercero y cuarto de este artículo, ya sea en alguna región, localidad o en todo el país; el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá establecer un programa para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general, en tanto los OPERADORES inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración señalados en este artículo.”
Como lo establece actualmente la legislación, a partir del 1 de enero del año que entra, al ser apagado el sistema analógico de transmisión televisiva, Televisa y TV Azteca dejarían de transmitir en esas señales de baja potencia por lo que se harían acreedores a las sanciones contempladas en el artículo 298 de la misma ley, específicamente el inciso E, que establece una multa del 6.01 al 10% de sus ingresos a quien interrumpa el servicio de radiodifusión. En 2014, Grupo Televisa tuvo ingresos por 6,659 millones de pesos; en la proporción que la TV abierta contribuye a esos ingresos totales, se deberá cuantificar la multa.
Incluso, como lo señala el artículo 303 de la citada ley en su fracción XIV, podría revocárseles la concesión por suspender total o parcialmente la zona de cobertura sin justificación alguna, es decir, los legisladores tratan de ahorrarle este mal trago a los grandes consorcios.
Ante el inminente apagón analógico previsto para el próximo 31 de diciembre, Televisa y TV Azteca han impulsado modificaciones a la Constitución por medio de legisladores afines como Javier Lozano y Roberto Gil, para evitar transitar de la televisión analógica a la digital, pues han omitido su obligación de invertir en las estaciones complementarias, las cuales son utilizadas para brindar el servicio de radiodifusión a poblaciones pequeñas y alejadas de las principales ciudades del país, pues éstas no les representan un beneficio económico tangible.
El primer intento para proteger los intereses de Televisa y Azteca se dio el pasado 21 de octubre a través de propuestas de senadores del PRD y PAN, llamó la atención particularmente la del Senador Javier Lozano quien sugirió un aplazamiento del apagón al 31 de diciembre de 2016, no sólo eso, también propuso que lo que ya se había apagado (la señal analógica) se volviera a encender, regresándole a los concesionarios el espectro que el Estado ha ido recuperando en las diversas etapas de la transición digital.
El discurso de estas regresivas propuestas estuvo siempre enmarcado en la defensa de los más pobres, pero el fondo en realidad fue siempre la defensa de los grandes consorcios, como el primer discurso no fue suficiente volvieron a la carga ahora escudados en los medios públicos.
Cabe insistir en que el artículo décimo noveno transitorio de la Ley Federal de telecomunicaciones y radiodifusión ya considera incorporar a los medios públicos a un programa, que diseñe el IFT, para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general, en tanto los permisionarios inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración del 90%, es decir, no es necesaria una reforma del calado de lo que propone Gil y que hoy respalda el mismo Partido Acción Nacional.
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